No parece casualidad que los ataques terroristas cometidos durante el mes de diciembre en el Cauca y el sur del Valle coincidan con la entrada en vigencia de la ley de Paz Total, la apuesta del gobierno del presidente Gustavo Petro para negociar con los más diversos actores de los conflictos armados que aún padece Colombia. Jamundí y Mondomo son los blancos más recientes.

A la 1:30 de la madrugada de este miércoles un vehículo fue detonado en el kilómetro 1 de la vía que de Jamundí conduce al sector de Potrerito, al sur del Valle. Pocas horas después se activó una moto con explosivos frente a la estación de Policía de Mondomo, norte del Cauca. En ninguno de los dos hechos se registraron víctimas, a diferencia de otras incursiones violentas realizadas en las últimas semanas en la región.

La lista incluye el ataque cometido a principio de este mes contra un grupo de militares que patrullaba la zona rural del municipio de Buenos Aires, hecho en el que murieron siete soldados y ocho más resultaron heridos. En la noche de las velitas un auxiliar de la Fuerza Pública fue herido por un artefacto explosivo lanzado contra la estación de Policía de Inza, y ocho días más tarde en la población de El Boro otra incursión armada causó la muerte al Subintendente Medel Muñoz. El martes de esta semana fue un atentado contra la estación de Policía de Timbío la que causó heridas a un patrullero, dos oficiales de tránsito y un ciudadano.

Si bien las autoridades atribuyen la mayoría de estas embestidas contra la Fuerza Pública y la población civil a la columna Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, sería imprudente descartar la participación de otras organizaciones criminales que operan en la región. Se sabe que en la multinacional del narcotráfico que concentra sus actividades en el Cauca y en el Valle participan organizaciones criminales locales y extranjeras, disidencias, la guerrilla del Eln y la delincuencia común, e incluso hay enfrentamientos entre ellas.

A estos grupos del crimen organizado les interesa desviar la atención sobre sus negocios ilícitos, tener el control territorial así como realizar una demostración de fuerza con miras a una eventual negociación con el Gobierno Nacional. No se puede olvidar que la ‘Paz Total’ del presidente Petro les ha abierto las puertas a todos los grupos que delinquen en el país, sin reparar en sus actividades ilegales o en las razones de su lucha armada.

La sombrilla es amplia y cualquiera cabe bajo su amparo como lo
demuestran las mesas de diálogo instaladas con el Eln en Caracas o las dos de Buenaventura, una con agrupaciones delictivas de esa ciudad y otra con organizaciones paramilitares, disidencias guerrilleras y otros grupos criminales del resto del Valle. Es la atomización que preocupa y obliga a hacer claridad meridiana sobre las condiciones y las concesiones que pueden salir de esas negociaciones. Por ello se deben cumplir las palabras del Ministro de Defensa, quien frente a los hechos de la madrugada de ayer aseguró que “quienes no están en la demostración real de la paz, tendrán que quedar fuera”.

Los ataques ocurridos en lo que va de este diciembre en el sur del Valle y en el Cauca deben tener una respuesta contundente de las autoridades. A las poblaciones afectadas y a aquellas que se encuentran en riesgo hay que garantizarles su seguridad y devolverles la tranquilidad, que es lo que exigen los colombianos.