Las cifras más recientes del sector de la construcción en Colombia no son para nada alentadoras. Tras un 2025 que permitió recuperar algo del terreno perdido, con un crecimiento de 12 % en las ventas de vivienda nueva, el 2026 arrancó con una tendencia inversa. Las ventas disminuyen, los proyectos se aplazan y las iniciaciones de nuevas obras se reducen de manera significativa.

En regiones como el Valle del Cauca, el panorama es aún más complejo, con caídas cercanas al 30 % en la comercialización de vivienda y desplomes superiores al 60 % en el inicio de nuevos desarrollos en ciudades como Cali.

Detrás de estos números no solo está la suerte de un sector económico. Lo que está en juego es la posibilidad de que miles de familias colombianas accedan a una vivienda propia y, al mismo tiempo, la capacidad del país para generar empleo, inversión y crecimiento.

Durante años, Colombia construyó una política de vivienda basada en una combinación de subsidios, acceso al crédito y participación del sector privado. Esa fórmula permitió que cientos de miles de hogares de ingresos bajos y medios lograran cerrar el sueño de adquirir una casa o un apartamento. No era una política perfecta, pero sí una herramienta que ayudó a reducir barreras de acceso y a dinamizar una actividad económica con enorme capacidad de generar bienestar y empleo.

La reducción y, en la práctica, la desaparición de programas como Mi Casa Ya han dejado un vacío difícil de llenar. Es cierto que la discusión no puede simplificarse atribuyendo toda la responsabilidad al Gobierno Nacional. Existen otros factores que explican el enfriamiento del mercado, como las altas tasas de interés, la incertidumbre económica, el ciclo natural del sector y el ambiente electoral. Sin embargo, también es evidente que retirar los incentivos a la demanda tuvo consecuencias directas sobre miles de hogares que hoy no cuentan con los recursos necesarios para completar el cierre financiero de una vivienda.

Es claro que para una gran parte de la población colombiana, especialmente los hogares de menores ingresos, comprar vivienda sin apoyo estatal resulta prácticamente imposible. No se trata de regalar casas ni de subsidiar indefinidamente al mercado. Se trata de reconocer que el acceso a la vivienda requiere instrumentos públicos que permitan superar una barrera de entrada cada vez más alta.

Por eso, resulta pertinente que los gremios del sector hayan comenzado a plantear una hoja de ruta para los próximos años. Más allá de los intereses particulares que naturalmente representan, varias de sus propuestas merecen una discusión seria. La recuperación de subsidios focalizados, los apoyos a la tasa de interés, los mecanismos para facilitar el acceso al crédito y las alternativas para quienes hoy viven en arriendo apuntan a resolver un problema estructural como es la exclusión de millones de familias del mercado formal de vivienda.

La tarea ya queda para el próximo gobierno; independientemente de su orientación ideológica, el candidato que resulte elegido tendrá que escuchar estas preocupaciones. Es loable enfocar la política en un sector menos favorecido, como las personas que viven en la ruralidad, como lo ha querido el actual Gobierno, pero no dejando de lado otro importante grupo de la población.

La vivienda no debería convertirse en un campo de batalla política, sino en una política de Estado. Las reglas de juego deben ser estables, previsibles y sostenibles en el tiempo. La improvisación y los cambios permanentes terminan afectando tanto a los constructores como a los ciudadanos.

Si el país quiere recuperar el dinamismo económico, generar empleo y avanzar en la reducción de las brechas sociales, el próximo gobierno deberá devolverle prioridad a una política que durante años demostró ser una de las más efectivas para impulsar simultáneamente el desarrollo económico y el bienestar de las familias colombianas.

Es necesario escuchar las propuestas del sector y construir lo mejor para los colombianos.