Deuda indígena

El indigenismo colombiano es un movimiento de europeos, criollos y mestizos sobre los indios, no de indios. El primer pilar lo puso el austríaco Gerardo Reichel-Dolmatoff, padre de la antropología colombiana, que desembarcó en 1939 con un pasado reciente: Scharführer de las SS nazis. El segundo lo abrió el ucraniano Juan Friede, escribiendo la historia de una lucha por la tierra que no era la suya, y lo continuó Víctor Daniel Bonilla.

El tercero fue el único escrito por un indígena. En 1939, Manuel Quintín Lame terminaba de dictar ‘Los pensamientos del indio que se educó dentro de las selvas colombianas’. El manuscrito esperó treinta y dos años para llegar a la imprenta y apareció cuatro años después de su muerte, bajo la mediación de Juan Friede y Gonzalo Castillo-Cárdenas, los únicos con acceso a los originales. Hasta el único pilar indio necesitó un intermediario europeo.

Con lo que nunca se sostuvo en la biblioteca, el CRIC, fundado en 1971, alzó una narrativa de deuda que hoy se administra desde el Congreso. Bajo esa consigna, el 17 de julio, el representante Ermes Pete —nasa, exconsejero mayor del CRIC— respondió a la posibilidad de que Abelardo de la Espriella se posesione el 7 de agosto en una guarnición de Popayán. Que se posesione donde se le dé la gana, dijo, pero el mensaje era claro: retar al movimiento indígena, campesino, afro y estudiantil del Cauca. Y remató: aquí no comemos de amenazas de tigres. En lo primero tiene razón: la posesión de un presidente no se consulta. Pete habla no solo por los indígenas, sino por una coalición de cuatro que hay que medir.

En Colombia, el censo de 2018 registró 1.905.617 indígenas: el 4,4 % de la población. Ecuador censó en 2022 a 1.301.887, el 7,7 %. Perú midió la autoidentificación étnica en 2017 y cerca del 25,7 % se declaró quechua, aimara u originario amazónico. Bolivia contó en 2024 con 4.302.484 personas, el 38 % de 11,3 millones. Ecuador casi duplica la proporción colombiana, Perú la sextuplica, Bolivia la multiplica por ocho. Y aun así, Colombia reconoció 846 resguardos y 35,6 millones de hectáreas —el 31 % de su superficie— para un 4,4 % de sus habitantes.

Se dirá que es tierra de baja aptitud agrícola. Pero la coca solo necesita tierra sin Estado. En las zonas de manejo especial crece el 53% de las 261.386 hectáreas de coca documentadas en 2024: 21 % en tierras de comunidades negras, 14 % en reservas forestales de Ley Segunda, 12 % en resguardos indígenas, 4% en Parques Nacionales y 2 % en Zonas de Reserva Campesina. Sumadas las tres categorías comunitarias, el 35 % de la coca del país crece en territorios titulados a la coalición que Pete invoca.

Con la marihuana es peor. No hay cuenta. El último dato oficial, de 2021, registró 347 hectáreas en Toribío, Corinto, Caloto, Miranda y Jambaló, con capacidad para 1398 toneladas al año. Cinco años después, el Estado no ha vuelto a contar la marihuana de cinco municipios indígenas del norte del Cauca.

Hay que recordarle a Ermes Pete que es colombiano, como ese 4,4 % con los mismos derechos y las mismas obligaciones que los demás. No hay dos soberanías. El artículo 246 reconoce una jurisdicción especial sometida a la Constitución y a las leyes, no una independencia plurinacional con fronteras. El artículo 63 protege la propiedad colectiva, no áreas donde la ley no aplica. Y la consulta previa obliga a oír, pero no concede veto sobre las decisiones nacionales.

Si hay una deuda pendiente, es otra: nadie ha rendido cuentas de las economías ilícitas en territorios colectivos.