El terrorismo le ganó la partida este fin de semana a quienes están encargados de proteger al Valle y al Cauca. En los que pueden considerarse como los ataques más brutales perpetrados por los violentos desde el ataque con explosivos a la Base Aérea Marco Fidel Suárez, ocurrido el pasado 25 de agosto, al menos doce personas murieron y unas treinta más resultaron heridas.

Es tiempo de que el Estado central reconozca que el control en el suroccidente del país le quedó grande y que actúe con la grandeza y eficacia que reclaman los millones de colombianos que viven en esta parte del territorio patrio.

Cali amaneció el viernes 24 de abril sacudida por la explosión de un bus bomba en inmediaciones de la Tercera Brigada, un hecho que no dejó víctimas, pero sí puso de manifiesto la fragilidad de la seguridad en el que debería ser uno de los lugares más protegidos de la ciudad.

Horas después fue el Batallón Agustín Codazzi, en Palmira, el blanco de otro ataque terrorista. Mientras tanto, en la madrugada del sábado se lanzaban granadas contra una subestación de Policía en zona rural de Jamundí y con drones se bombardeaba un sistema de radar aéreo ubicado en el municipio de El Tambo, en Cauca.

Pero fue la arremetida de los terroristas ayer al mediodía en la vía Panamericana, entre Cali y Popayán, a la altura de Cajibío, la que se convirtió en una masacre que dejó al menos doce muertos y 25 heridos. Todas las víctimas eran personas que circulaban a esa hora por la carretera, que fueron detenidas en un retén ilegal y contra las que se lanzaron cilindros bomba que impactaron contra sus vehículos provocando la tragedia que hoy golpea a la Nación.

Lo ocurrido en los departamentos del Valle y Cauca demuestra la fragilidad de la seguridad en la región, cooptada por organizaciones violentas que, en particular en los años recientes, se han expandido por el territorio ante la incapacidad de las Fuerzas del Orden para contenerlas, que se lucran de todas las economías ilegales, trabajan de la mano de multinacionales del crimen y han hecho del terror su arma más poderosa.

Si bien hay que reconocer que desde las autoridades locales y departamentales se hacen esfuerzos inmensos para anticiparse a los actos violentos, y que tanto la Gobernación del Valle como la Alcaldía de Cali destinan hoy aún más recursos para fortalecer a la Fuerza Pública y velar por la seguridad ciudadana, ese impulso se queda corto frente a la realidad de lo que se viven en cuanto a orden público en este territorio.

Por ello, el reclamo unánime de las autoridades locales y regionales del Suroccidente al Gobierno Nacional, para que asuma la responsabilidad que le corresponde y garantice la lucha frontal contra los grupos armados que se han ensañado contra esta parte del país.

Aquí debió estar ayer el Presidente de la República junto a su Ministro de Defensa y a la cúpula militar, acompañando a los vallecaucanos y a los caucanos, comunicando él mismo las medidas para contrarrestar a los violentos y terroristas que siegan vidas, atacan la infraestructura, incomunican a poblaciones enteras y amedrentan a las comunidades.

Es evidente que la capacidad de reacción de las Fuerzas Armadas y de la inteligencia militar está minada. Tampoco se puede negar que la llamada política de la paz total, en la que se empeñó durante estos cuatro años el presidente Gustavo Petro desatendiendo las voces que advirtieron no solo de su fracaso, sino de las consecuencias nefastas que tendría tanta condescendencia, impulsó el fortalecimiento de los grupos terroristas y de la violencia en general.

Ahora, a menos de cuatro meses que termine el gobierno actual, además en medio de unas elecciones presidenciales que dejan un candidato asesinado y alertas por posibles atentados en contra de quienes participan en la contienda política, lo que esperan caleños, vallecaucanos, caucanos y connacionales en general, es que se garantice plenamente su seguridad, se proteja la vida y se salvaguarde el territorio. Eso no se logra con anuncios ni con discursos vacuos. Es la contundencia en la persecución y sometimiento de las organizaciones violentas y terroristas, la que le devolverá la tranquilidad al Suroccidente y a Colombia.