Defender la CAN

La Comunidad Andina de Naciones, CAN, (Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia) tiene cerca de 60 años, lo que implica que no es un experimento fallido. Es, en realidad, uno de los procesos de integración en América Latina que ha demostrado resiliencia. Ha sobrevivido a cambios de gobierno, a crisis diplomáticas e incluso a visiones ideológicas opuestas entre sus miembros. En una región donde los proyectos de integración suelen desmoronarse con facilidad, ese solo hecho ya tiene un valor político y económico considerable.

Para Colombia, la CAN ha sido de gran importancia y es un mercado natural. Las cifras lo demuestran: miles de millones de dólares en exportaciones, con Ecuador y Perú como destinos clave, y un intercambio que favorece particularmente a los sectores industriales y agroindustriales. En estos mercados, las empresas colombianas han encontrado condiciones más accesibles que en economías desarrolladas, con menores barreras y una cercanía geográfica que reduce costos logísticos.

Además, ha permitido algo que suele pasar desapercibido: la construcción de reglas comunes. La armonización en temas aduaneros, de transporte y propiedad intelectual no solo facilita el comercio, sino que genera confianza y seguridad en los negocios.

Es precisamente esa arquitectura la que hoy está siendo puesta a prueba por decisiones unilaterales como la de Ecuador, que desde febrero impuso una tasa de seguridad a las compras desde Colombia, que hoy prácticamente impide el comercio, generando gran preocupación entre los empresarios que tienen en ese país un destino clave.

Por supuesto, la CAN está lejos de ser perfecta. No logró convertirse en un mercado común pleno ni en una unión económica profunda. Sus mecanismos de resolución de controversias son lentos y, en ocasiones, débiles frente a presiones políticas internas de los países miembros. Pero esas limitaciones no son una razón para no luchar por este espacio de integración natural.

La respuesta no puede ser desmontar lo construido y decir adiós al Pacto Andino como lo ha dicho el presidente Gustavo Petro, que hasta ahora no ha dado muestras de buscar acuerdos con el gobierno vecino.

Ni tampoco pensar que ahora Colombia debe mirar simplemente hacia el Mercosur como alternativa.

Aunque se trata de un bloque relevante, con economías de gran tamaño como Brasil y Argentina, no es fácil cambiar un mercado por otro.

Integrarse plenamente a Mercosur supondría competir en condiciones desiguales con industrias mucho más robustas, además de ajustar la política arancelaria y revisar acuerdos comerciales estratégicos. No es una puerta que se pueda cruzar sin costos significativos.

Colombia no necesita sustituir un esquema por otro, sino entender su posición en la región. La CAN, con todas sus limitaciones, sigue siendo el espacio donde el país tiene ventajas comparativas más claras y relaciones comerciales más consolidadas. Es allí donde la integración tiene un sentido práctico inmediato.

Por eso, el camino debe ser la diplomacia. Colombia debe activar los mecanismos institucionales del bloque, insistir en el cumplimiento de las normas y, si es necesario, impulsar reformas que fortalezcan la capacidad de la CAN para hacerlas valer. Las tensiones actuales no son el fin del proyecto andino, sino una prueba de su madurez.

Esto no solo es por el impacto que están teniendo los aranceles en los exportadores colombianos sino por la crisis que esto representa para el comercio, el transporte y la logística en la frontera con Ecuador.

Es necesario que el Gobierno mire más allá de la ideología y se busquen mecanismos para superar rápidamente la crisis arancelaria que puede generar un gran desastre económico en el suroccidente del país.

Renunciar a este mercado sería, en la práctica, debilitar una de las plataformas más estables del comercio exterior del país. De ahí, la necesidad de que el Gobierno no guarde más silencio sino que actúe y busque soluciones prácticas para el país.