Minas antipersona: el miedo que vuelve a ocultarse bajo tierra

Colombia conoce aquel miedo. Lo ha caminado y pisado; lo ha padecido. Un paso en el lugar ‘equivocado’ cambia una vida para siempre. Tras el proceso de paz con las Farc, el país avanzó hacia la erradicación de uno de los símbolos más crueles de la guerra: las minas antipersonal. Hoy, sin embargo, ese avance muestra señales inquietantes de retroceso.

La historia de Jhon Freddy Borrero, un soldado que perdió su pie tras pisar un artefacto explosivo en el Meta, publicado en este periódico, no es solo un testimonio del pasado. Es, sobre todo, una advertencia vigente. Porque mientras Colombia celebraba los logros del desminado humanitario tras el Acuerdo de Paz de 2016, las nuevas dinámicas del conflicto, y los nuevos grupos armados ilegales, comenzaron a enterrar, de nuevo, estas bombas.

Las cifras oficiales advierten que son más de 12.600 víctimas desde 1990. Tras el acuerdo con las Farc hubo una reducción significativa, pero, desde 2021, se viene de nuevo en un repunte sostenido en los últimos años, y la mayoría de las víctimas son civiles. En 2024, por ejemplo, se registraron casi mil incidentes relacionados con minas y municiones sin explotar, y el aumento de víctimas, incluidos niños y adolescentes, confirma que no se trata de episodios aislados.

El problema no es solo cuantitativo. Las minas nunca desaparecieron del todo, pero hoy su uso ha mutado. Ya no son exclusivamente un recurso de contención frente a la Fuerza Pública. Se han convertido en herramientas de disputa entre grupos armados ilegales que compiten por el control de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal. A ello se suma una variable: el uso de drones para lanzar explosivos, algunos de los cuales no detonan y quedan activos en los campos.

El resultado es un escenario más impredecible, más difuso, más peligroso para la gente. Comunidades indígenas y afro, campesinos, niños que caminan hacia la escuela: todos vuelven a ser potenciales víctimas de este enemigo invisible.

En regiones como el Catatumbo, el Cauca o el sur del país, las alertas son constantes. Incluso en departamentos como el Valle del Cauca, donde el desminado había permitido recuperar territorios para la vida cotidiana, se reporta la reaparición de artefactos y la suspensión de operaciones por falta de garantías de seguridad, en especial en Jamundí y Dagua.

Este retroceso no puede leerse únicamente como una consecuencia colateral del recrudecimiento del conflicto y el fortalecimiento de las disidencias. Es también un fracaso en la capacidad del Estado y de los actores armados en negociación para respetar mínimos humanitarios. También, un fracaso de la Paz Total del presidente Gustavo Petro.

Las minas antipersonal están prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario precisamente porque no distinguen entre combatientes y civiles. Su uso sistemático es una violación flagrante de esos principios.

Pero más allá de la dimensión jurídica, hay una dimensión ética que el país no puede ignorar. Una mina cuesta menos de 20 mil pesos. Sus efectos, en cambio, son incalculables: amputaciones, traumas, desplazamientos, economías rurales paralizadas, comunidades enteras confinadas por el miedo.

Colombia no puede permitirse normalizar este regreso. No puede aceptar que los logros del desminado humanitario -que devolvieron tierras, caminos y agua a miles de familias- se diluyan en medio de nuevas disputas armadas. Tampoco puede resignarse a que la guerra vuelva a instalarse en la zona rural.

El país ya sabe lo que significa caminar con miedo. Volver a hacerlo no puede ser una opción