El 26 de septiembre de 2014, centenares de estudiantes viajaron en buses a Iguala, estado de Guerrero en México, a participar en una manifestación de protestas. Entre ellos se encontraban 43 jóvenes de la escuela de Ayotzinapa, quienes fueron desaparecidos.

Ocho años después, una comisión de la verdad, creada para investigar la desaparición, ordenó la captura de 83 personas, entre los que se encuentra el entonces procurador general, Jesús Murillo Karam. Fue un crimen de Estado, en el cual las autoridades de todos los niveles se confabularon con la delincuencia común para perpetrar y encubrir el espantoso asesinato masivo.

En el transcurso, y ante las exigencias de sus familiares, de la comunidad internacional y de la humanidad, el exprocurador Murillo se atrevió a emitir lo que llamó una “versión histórica” de la masacre, tratando de acallar las criticas y las revelaciones sobre lo sucedido que brotaban por todas partes. Al llegar, el nuevo Gobierno creó la Comisión que la semana pasada le dio un giro a la actuación del estado mexicano en un caso aterrador de complicidad entre el crimen organizado y los funcionarios encargados de la seguridad de quienes protestaron contra el mal gobierno, de la justicia y del castigo a los criminales.

"La creación de la 'verdad histórica' fue una acción organizada del aparato del poder, desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y responsables de la procuración de justicia”, dice el informe. Miles de documentos y pruebas, de escuchas telefónicas y delaciones recopiladas por la Comisión son el soporte para una decisión que trata de convertirse en la verdad verdadera sobre el crimen de los estudiantes.

Pero sólo tres de las cuarenta y tres víctimas han sido identificadas mediante el cotejo de algunos restos. La verdad es que no se tienen los cuerpos, no se sabe cómo murieron, es ya imposible saber si algún día serán encontrados y la zozobra continúa entre sus familiares que todavía exigen que se los devuelvan. “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, ha sido su grito permanente, así se pierda la esperanza de encontrarlos, después de la intervención de Murillo, y decenas de funcionarios comprometidos en fabricar la verdad a punta de mentiras.

Ese es uno de los peores ejemplos de la violencia que genera el narcotráfico en toda América, y de las consecuencias que resultan de permitir que el Estado sea permeado por la corrupción. Como en Colombia, Guatemala, Venezuela, Paraguay, Perú y muchos otros países, crímenes como el de Ayotzinapa se repiten, y las sociedades deben padecer impotentes el accionar de delincuentes aliados con funcionarios para cometer sus fechorías.

El procurador Murillo, equivalente al fiscal general en Colombia, está hoy preso acusado de confabularse en la comisión de esa masacre. Ojalá la actuación de la Comisión de la verdad sirva para encontrar o saber cuál fue el final de las 40 víctimas que hacen falta.