Los menores de edad no pueden ser más las víctimas del conflicto armado colombiano ni sus derechos fundamentales violados una y otra vez por las organizaciones criminales que le han declarado la guerra a la Nación. Mientras ellos y su entorno sean el objetivo o queden en medio de los enfrentamientos, será imposible hablar de paz o, menos aún, pretender que esta sea total.

La situación crítica por la que atraviesa el departamento del Cauca, derivada de la presencia de grupos armados ilegales, el narcotráfico, disidencias guerrillas y delincuencia organizada, que combaten entre sí y hostigan a la Fuerza Pública, afecta hoy de manera directa a miles de niños y adolescentes en edad escolar. Escuelas bombardeadas, zonas vedadas para la población civil y el temor constante obligaron a cerrar las instituciones educativas en varios municipios.

Ayer, el secretario de Educación del Departamento, Amarildo Correa, confirmó que en poblaciones como Argelia y Corinto se han suspendido las clases presenciales debido a “las confrontaciones armadas que dejan a la escuela en medio”. Por lo pronto y para evitar la desescolarización, se buscará retomar los estudios a través de la virtualidad porque es la única manera de “salvaguardar la vida de los niños, jóvenes, del grupo administrativos y de docentes de las instituciones educativos”, según el funcionario.

Los ataques a la infraestructura escolar, el reclutamiento forzado de niños y adolescentes y poner en medio de la guerra a los menores de edad son aberrantes violaciones al Derecho Internacional Humanitario y las leyes colombianas. No son ‘daños colaterales’ del conflicto armado interno, como algunos pretenden presentarlos, sino la muestra de la perversidad de quienes a través de la violencia pretenden apoderarse de regiones, amedrentar a la población y hacerles daño a las comunidades.

La obligación del Estado es devolverle la seguridad y garantizar la protección en esas zonas del territorio patrio, como el Cauca, que padecen los embates de lo que no son nada diferente a criminales que se lucran del negocio maldito del narcotráfico, de la minería ilegal, de la extorsión o del secuestro. A ellos hay que perseguirlos y castigarlos como demandan las leyes colombianas.

No es abriéndoles las puertas a unos diálogos que en la mayoría de los casos terminan sin resultados, permitiendo que mientras se negocia continúen con sus fechorías y sus ataques crueles a los colombianos inermes, como los menores de edad, o cediendo territorios a los violentos como se conseguirá una Colombia en paz.

La Nación quiere vivir tranquila, pero no a cualquier precio. Mucho menos permitiendo que se vulneren los derechos más fundamentales de sus ciudadanos, en particular de sus niños y jóvenes, poniendo en riesgo el respeto por su vida y por su integridad, o impidiendo que se eduquen en las condiciones dignas, sanas y seguras en que deben hacerlo.

La responsabilidad de velar porque esas garantías se brinden es del Estado, de las Fuerzas Armadas encargadas de defender la Patria, de las autoridades gubernamentales que tienen el deber de proteger a toda la población colombiana. En ello no puede haber concesiones ni políticas permisivas que beneficien en exclusiva a quienes imponen la violencia y siembran el terror.