Una nueva jornada de disturbios y bloqueos debió padecer Cali, ante la orden de prolongar el paro emitida por sus organizadores. Aunque no se produjeron los desmanes del miércoles pasado, la ciudad sigue atrapada por quienes insisten en imponer el desorden y perjudican a la inmensa mayoría de caleños.

Lo más significativo de los bloqueos y disturbios de ayer es que se perpetraron en medio de un toque de queda decretado por el Gobierno Municipal para tratar de contener la oleada de violencia que afectó a la capital del departamento. Se suponía entonces que tal decisión sería acompañada por la movilización de la Fuerza Pública para impedir que se repitieran hechos que además de causar daños materiales, siembran miedo y preocupaciones entre los dos millones setecientos mil habitantes de la ciudad.

Todo indica que la movilización no fue lo suficientemente representativa como para evitar que las turbas se tomaron las entradas a Cali y produjeran el desorden que debieron padecer los caleños ayer. De nuevo, muchos de los promotores del vandalismo del pasado miércoles y que no fueron judicializados como debe ser cuando se viola el ordenamiento legal, trataron de imponer la anarquía, siendo contenidos en gran parte por la abnegada labor de los integrantes de la Policía y el Ejército que fueron destinados a cumplir el objetivo.

Pero se vio a las claras que no fue suficiente, y que los llamados tímidos que se expidieron desde el CAM, o los anuncios que se emitieron desde Bogotá sobre el aumento de los integrantes de los cuerpos de seguridad destinados a Cali, no surtieron el efecto que buscaban las autoridades. Y, al parecer, los organizadores de las tomas y bloqueos seguirán en su cometido sin que tengan en cuenta el toque de queda y las declaraciones de quienes tienen el deber de asegurar el orden en Colombia y proteger la ciudadanía y el interés general de la sociedad.

Tal estado de zozobra es inaceptable para una comunidad pacífica que respeta las leyes y ahora está siendo sorprendida por el desafuero que se toma sus calles y siembra la violencia a nombre del derecho a la protesta. Ese derecho, sagrado y respetado en Colombia y en Cali, ha sido acaparado para producir situaciones de hechos inaceptables para cualquier sociedad, y mancillado por los promotores de la violencia que al parecer gozan de la impunidad que les otorgan la tolerancia y la indiferencia.

Ahora es cuando los caleños necesitan que sus gobernantes apliquen el principio de autoridad que les otorga la Constitución y cumplan el mandato de protegerlos de la anarquía que lleva dos días afectando su vida. Ese es el principio fundamental para mantener el orden y permitir el goce tranquilo de los derechos que la Ley reconoce a los ciudadanos.

Ante el desafío que está padeciendo Cali, ya es hora de que las autoridades nacionales y locales asuman el deber de rescatar el orden y devolverle la tranquilidad a la ciudadanía que ve con asombro e indignación la manera en que unos pocos destruyen la vida y su ciudad.
Esa es la base sobre la cual descansan la democracia y la confianza en el Estado de Derecho.
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