Otra semana más de mensajes que de manera reiterada son enviados por el presidente de la República y sus ministros. Ante el impacto que tiene para la confianza en el país y la intranquilidad que generan, debería escucharse a quienes desde todos los sectores piden orden y reflexión en el mensaje oficial.

Nadie ha puesto en duda el interés del presidente Gustavo Petro por lograr un cambio en el Estado y su papel en la conducción de los asuntos públicos. Y en ningún momento se han cuestionado sus atribuciones como mandatario y su derecho a expresar lo que piensa y a defender sus propuestas.

Pero sucede que él es hoy el Jefe del Estado. Como tal, su deber principal es garantizar a los colombianos que sus instituciones públicas serán respetadas y que los cambios se harán por los caminos que fijan la constitución y las leyes, como corresponde a la democracia que lo eligió.
Además, debe quedar claro que él es un gobernante y no un activista político, que desde el siete de agosto pasado es el presidente y como tal el responsable de guiar al país hacia el progreso.

En ese orden de ideas, crece la preocupación por la arenga que pronunció el presidente Petro en Caldono, Cauca, llamando a la organización política de las comunidades indígenas para presionar el cambio que él pretende lograr. O sus permanentes críticas a cualquier cosa que se oponga a sus ideas, como las normas que prohíben emitir títulos de deuda pública para comprar tierras y los funcionarios que recordaron mandatos legales.

Tampoco parece ser constructivo el que el Presidente de los colombianos anuncie desde ya una recesión para el 2023, en momentos en que la nación necesita orientación y se debaten en el Congreso las propuestas de su gobierno para estabilizar las finanzas públicas, clave para mantener la confianza en el país. Es toda una contradicción que afecta el respaldo a la reforma tributaria que su ministro de Hacienda tramita en el Congreso, pues la convierte en un factor que desestimula la inversión necesaria para enfrentar las épocas difíciles que parecen aproximarse.

Por ello, es el momento para reclamar prudencia y claridad sobre lo que será la política energética de su gobierno. En caso de que, como lo anticipa el presidente Petro, se presente una depresión económica, se afectará en primer lugar los ingresos del Estado y su capacidad para responder a los desafíos que aparezcan en materia social y no parece oportuno hablar de suspender la búsqueda y explotación del gas, el petróleo y la minería que han aportado recursos de gran importancia para superar gran parte de los males que dejó la pandemia, así como para evitar una crisis fiscal.

Como esos, son muchos los asuntos tratados por el presidente Petro y los miembros de su gobierno que despiertan alarmas y empiezan a causar estragos como la aceleración de la devaluación y su efecto en el costo de vida. O como aquellos de carácter político que generan inquietudes sobre la intención de dividir la sociedad y el respeto a la institucionalidad que puede cambiarse sólo de acuerdo con los mandatos de la Constitución y de la democracia.

Gobernar se trata de construir, no de destruir.