Pocas cosas me han llamado tanto la atención en Colombia, como observador extranjero, como las cajas de compensación familiar. Esta semana, cuando el presidente De la Espriella agradeció públicamente al empresariado colombiano los recursos comprometidos para la reconstrucción, volví a pensar en ellas, en esa costumbre colombiana, poco común en otras latitudes, de institucionalizar la solidaridad entre quienes producen y quienes trabajan.
Porque en los momentos de calamidad y de catástrofe es cuando emergen las fuerzas vivas de un pueblo y asumen su papel con mayor ahínco. El sector empresarial carga aquí una responsabilidad enorme. Las regiones golpeadas albergan a sus colaboradores y a sus familias, forman el mercado que consume sus productos, y hacen posible que la actividad productiva exista. No es caridad, es interés bien entendido: el reconocimiento de que sin territorio no hay empresa. La pregunta, entonces, no es si deben responder, sino cómo.
Las cajas de compensación son entidades privadas sin ánimo de lucro que administran el 4% de la nómina empresarial para ofrecer subsidios, salud, educación, recreación y vivienda a los trabajadores. Nacieron en 1954 en Antioquia con Comfama y se institucionalizaron por decreto en 1957. Son la prueba más antigua de que aquí la solidaridad empresarial no es un gesto de temporada, sino una estructura, y son también la clave para leer lo que vemos hoy: la respuesta al terremoto no es un impulso aislado, sino esa misma solidaridad operando otra vez. Compromiso Valle, articulado por ProPacífico, es su expresión contemporánea: la clase empresarial apostándole a su territorio con recursos propios. Y hoy esa apuesta tiene cifras. A través de ProPacífico, las empresas del Valle comprometieron 220.000 millones de pesos para atender la emergencia y reconstruir Cali, el norte del Valle y Buenaventura, con aportes de compañías como Sidoc, Colombina, Carvajal, Fanalca, Celsia y Manuelita, así mismo Tecnoquímicas donó 50 mil millones y Jaime Gilinski y su esposa Raquel aportaron 150 mil millones para la reconstrucción de Cali y el Valle. En todo el país, el sector privado ya comprometió más de 1,6 billones de pesos que, si bien son una fracción del costo total, representan una fuerza de choque y un impulso al esfuerzo. Alguien podría decir que esto le corresponde al Estado, que con los mismos impuestos de esas empresas tiene el deber soberano de velar por el desarrollo. Y es cierto. Pero lo que hace el empresariado es, más bien, aquello de Kennedy: no preguntar qué puede hacer la patria por uno, sino qué puede uno hacer por la patria.
Resulta irónico que, con semejante tradición, persistan todavía tantas actitudes negativas hacia la actividad empresarial en ciertos sectores de la vida pública. Los hechos, sin embargo, son irrebatibles. ¿Se necesitará mucho más que esto para reconstruir? Por supuesto. Pero la reactivación no dependerá solo del gobierno: dependerá de toda la cadena, desde la señora del puesto de luladas hasta el comerciante del centro, las constructoras y el sector servicios, abriendo de nuevo sus puertas. Cali y el Valle no se levantarán con lástima ajena, sino con inversión y con confianza. Y más adelante, cuando pase la cooperación internacional, la inversión extranjera será decisiva, y es el sector privado quien la promueve, la recibe y la potencia.
Como medio que sirve de registro del suroccidente, saludamos cada una de estas donaciones. Y también, con el mismo rigor, seremos observadores de los compromisos y de su impacto, porque una sociedad sin clase empresarial es, sencillamente, una sociedad sin desarrollo.