Hace unas semanas el gobierno endureció el control de las calles con un decreto y un estatuto antiterrorista. Hace pocos días subió la apuesta con un Proyecto de Ley de Rescate Económico que genera más dudas que certezas sobre el oxígeno fiscal del país. Aunque las plazas lucen calmadas, la combinación deja flotando una tensión evidente en las pantallas de nuestros celulares, donde el fin del mundo se anuncia tres veces al día.
Quien ha pasado años en mesas de gobierno sabe bien que estas señales jamás se leen en blanco y negro. Confieso que yo mismo convivo con dos lecturas opuestas, la primera sostiene que estamos más lejos de la ruptura de lo que el ambiente sugiere, la segunda afirma que el abismo acecha más cerca de lo que el optimismo oficial se atreve a aceptar.
La primera lectura nace de una diferencia crucial con 2021, cuando la reforma de Carrasquilla pretendía gravar la canasta familiar y Cali se convirtió en el epicentro de una furia que expuso nuestra inviabilidad. Hoy el detonante es un proyecto económico que no toca los alimentos básicos y solo grava licores y azúcares desde 2028, pero que ya circula de boca en boca como un mazazo general al bolsillo.
Este escenario se convierte en el terreno ideal para agitadores profesionales que, armados de megáfono y folclorismo, jamás abren el articulado y por eso prefiero asumir que el gobierno entiende que un mito solo se desmonta con datos incontestables. Ese es su único margen de maniobra si decide usarlo a tiempo, porque explicar con claridad lo que la ley hace de verdad cuesta menos que dejar que la desinformación gane terreno sola.
La segunda lectura invierte el argumento porque un rumor no se retira como un proyecto normativo, sino que viaja libre de desmentidos y anida en la desconfianza acumulada con más comodidad que la propia verdad. Así, el decreto y el estatuto antiterrorista imponen orden, pero confirman el temor de que acallar la protesta mientras se pierde el relato es una fórmula suicida.
La historia lo enseña, y los días recientes en varias latitudes lo confirman. La percepción de represión, unida a la angustia económica, enciende revoluciones con mayor velocidad que cualquier estadística tributaria. Conviene marcar una distancia clara aquí. Comprender el descontento popular no implica aplaudir los métodos violentos que ciertos sectores justifican, pues esa confusión debilita la legitimidad de la protesta real y entrega excusas perfectas a quienes buscan imponer la fuerza.
Trace usted mismo esa frontera en la geografía nacional. A un lado está la Colombia donde el Estado recauda, juzga y castiga el crimen; al otro, la que financia al actor armado, resuelve disputas sin tribunales y sepulta pérdidas en la impunidad. Un gobierno que se promociona bajo la bandera de la seguridad no desplaza esa frontera con decretos urbanos, solo gestiona sus zonas seguras.
El próximo 21 de noviembre la movilización convocada por las centrales obreras actuará como la prueba de fuego. Si la ciudadanía responde con la intensidad de 2021, el pesimismo ganará la partida. Si la marcha se disuelve entre el cansancio y el escepticismo, triunfará el optimismo. Ningún sondeo aclara este panorama. Lejos del ruido digital, ¿qué lectura describe mejor su percepción?
Claridades
1) Como si el humo solo viniera de un lado, el oficialismo agita los ‘sexocontratos’ contra la oposición para golpear al Pacto Histórico; enfrente, sus detractores hallaron la cortina perfecta al acusar al Dapre de fabricar la lista, un relato que de paso los exculpa y los deja libres para gritar persecución.
2) ¿Será cierto lo primero? Como todo el mundo, exijo pruebas sólidas antes de dar crédito a algo de tal magnitud, pero no dudo un instante de la degradación moral de Petro.