De no creer la reacción de Gustavo Petro al desbordamiento de los problemas de orden público en el suroccidente del país. Sin inmutarse dijo que “no hay un caos de seguridad como se anuncia”. No debe sorprender su comentario pues contrario al eslogan hueco de su gobierno, ni a él ni a sus ministros y altos funcionarios les importa realmente la vida. A juzgar por su indiferencia e indolencia reiterada parecieran disfrutar con la muerte.
Van 31 atentados terroristas, 21 fallecidos y 35 heridos, en sólo siete días. Cali, Palmira, Dagua y Jamundí en el Valle y Santander de Quilichao, Cajibío, Miranda, Mercaderes, Corinto y Caloto en el Cauca, los blancos terroristas. Y el cierre de la vía Panamericana por un artefacto explosivo, ruta secuestrada asiduamente por criminales e indígenas en connivencia con las autoridades que desde hace décadas permiten se viole ahí la ley.
Cali ha sido víctima de 15 atentados en 2025 y lo corrido 2026. Con indignación y terror vienen a la memoria la explosión del camión bomba frente a la base Marco Fidel Suárez y en distintos barrios populares. Y una vez más, la industria de la caña, es víctima. Un trabajador de una empresa de seguridad fue asesinado y una cosechadora incendiada; en 2025 seis trabajadores fueron asesinados y se dieron 1041 hechos de inseguridad.
Los criminales son los responsables de los actos, cualesquiera su denominación, no hay duda. Pero, es inadmisible la reacción de Petro quien se atrevió a decir que es la extrema derecha que busca desestabilizar al país -qué tal- al tiempo en que reconoce por fin que no hay guerrilleros sino narcotraficantes, con quienes su gobierno dialoga y negocia, y a quienes nombra gestores de paz (ya suman 75 delincuentes) en el marco de la de la farsa de la paz total.
Es infortunada también la reacción del ministro de Defensa. El país es consciente de la difícil situación en la que se encuentran las Fuerzas Militares y de Policía, castradas y parcialmente cooptadas. Pero, decir que los actos terroristas en el suroccidente son una señal de “debilidad” de las organizaciones criminales no se lo cree ni él; pareciera estar proyectando la triste realidad de las Fuerzas que lidera, aunque se le dificulte aceptarlo.
Van 48 masacres en el primer trimestre de 2026 con un saldo de 113 personas muertas y entre 2022 y abril de 2026 la cifra llega a 418 asesinatos colectivos. En homicidios, entre 2022 y 2025, hubo un incremento alcanzado 14.038 fallecidos (equivale a 26.4 homicidios por 100.000 habitantes) y el secuestro se ha triplicado en el mismo período pasando de 223 a 701 casos denunciados de los cuales 497 son extorsivos. (Fuente: Ministerio de Defensa).
Si lo anterior no fuese de por sí muy preocupante, el número de integrantes de grupos armados ilegales creció 70 % en este gobierno (de 15.120 a 25.000). Indica la Defensoría del Pueblo la presencia de grupos armados ilegales en 790 de 1.123 (70 %) de los cuales 145 están en riesgo extremo de violencia y 376 en riesgo electoral, lo que pone en tela de juicio el interés del gobierno en recuperar el orden público y menos en época electoral.
Si lo anterior no es caótico, qué lo es. De ahí la indignación nacional y en el Suroccidente ante la reacción de Petro. Lo más preocupante, sin embargo, es la poca importancia que a juzgar por las encuestas electorales muchos le dan al desastre en el que la izquierda radical ha sumido al país en este y en todos los frentes. Es de no creer que quieran la continuidad, que hayan normalizado la muerte, la corrupción y la violación flagrante de las normas, por más ríos de dinero que el gobierno esté distribuyendo para cimentar un fraude.