El nuevo Gobierno en cabeza del presidente electo Abelardo De la Espriella tiene todo el derecho de llevar a la realidad el programa que ofreció a sus electores, pero también tiene la responsabilidad de dirigir los destinos de esta nación, pensando en la totalidad de los colombianos y en la mejor expresión del interés y el bien común.

Es también su derecho cambiar muchas cosas, por ejemplo de la estrategia de la llamada ‘Paz Total’ (que pese a muchos cuestionamientos tiene resultados que mostrar), pero igual tiene la responsabilidad de preservar otras. Y algo que sin duda alguna debiera ser preservado es el Acuerdo de Paz de 2016 suscrito entre las antiguas Farc y el Estado colombiano, que permitió que miles de antiguos combatientes, ya sin armas, dieran su paso hacia la legalidad. Puede haber muchas críticas a ese proceso (unas válidas aunque muchas otras no) pero el hecho real es su enorme contribución para acercar el final o transformación positiva del largo conflicto armado colombiano, al tiempo que se avanza hacia cambios profundos pero en todo caso democráticos.

Ese Acuerdo se propuso transformar causas estructurales, abriendo oportunidades para fortalecer la democracia, ampliar la participación ciudadana, dignificar a las víctimas, promover el desarrollo de los territorios más afectados por la violencia y avanzar en la reconciliación y la construcción de una sociedad más incluyente, reconciliada y comprometida con la no repetición.

La elección de un nuevo Gobierno Nacional, con cambio de proyecto y perspectiva, especialmente respecto de la paz, ha evidenciado las profundas fracturas y diferencias políticas, sociales y territoriales y, especialmente el impacto que las problemáticas de violencia e inseguridad siguen teniendo en nuestra sociedad, sus miedos, prevenciones, conflictos y decisiones.

Esta situación revalida la importancia y pertinencia de poder hacer un balance sobre lo logrado respecto del Acuerdo de 2016, las lecciones aprendidas y los retos para afrontar como sociedad y Estado la superación de esas problemáticas y los factores que las nutren; los desafíos que exigen renovar los compromisos de la sociedad y del Estado para consolidar los avances y proyectar una nueva fase de su implementación. En este contexto, como hecho positivo, desde posturas diversas se plantea la necesidad de un “Acuerdo sobre lo fundamental” o de un “Acuerdo Nacional”.

En el contexto de lo anterior, diversas entidades y organismos de los sectores público y privado en Cali y el Valle del Cauca lideran el Encuentro Regional Conmemorativo de los 10 años del Acuerdo de Paz que se realizará este miércoles 1 de julio de 2026, en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero entre las ocho de la mañana y las cinco de la tarde.

El evento hace parte de una serie de iniciativas regionales que complementan la conmemoración que realizará la Contraloría General de la República con una amplia alianza de organizaciones e instituciones nacionales en el Encuentro Nacional e Internacional ’10 años del Acuerdo de Paz: Entre la firma y la realidad’, en Bogotá durante el próximo mes de julio de 2026.

El Informe de la Comisión de la Verdad, la operación de la JEP y la Búsqueda de Personas Desaparecidas hacen parte del legado de esa paz del 2016 que debe ser preservado.

¡La Paz pactada sigue siendo la mejor de las paces posibles!