Las organizaciones criminales han jugado y continúan jugando un rol determinante en los procesos electorales en Colombia. Por el dinero que les inyectan a algunas campañas y por presión al elector en cientos de municipios donde mandan. Pero hay coyunturas en las que ese tipo de anomalías se exacerba y esta es una de ellas, por la complicidad del Gobierno con los hechos y un candidato que ante la burda realidad se lava las manos.
Me refiero a Iván Cepeda, sin eufemismos. En días pasados, su jefe de debate, María José Pizarro, alertó de la posible injerencia de grupos armados en el proceso electoral. “No toleramos ningún tipo de coacción al voto ni constreñimiento al elector, venga de donde venga”, escribió. A su turno, el candidato del Pacto Histórico y del Gobierno dijo haber recibido información de la “posible influencia de grupos armados contra la población”.
Decía en apuntes anteriores que, según la Defensoría del Pueblo, hay 376 municipios en riesgo electoral y que en 790 de 1123 (70 por ciento) hay presencia de grupos armados ilegales. La Misión de Observación Electoral, MOE, había advertido de 170 municipios en los que coinciden factores de fraude y violencia, donde hay 4.564.177 personas habilitadas para votar (11 por ciento del censo electoral), cifra que crece si solo se toman los de riesgo por violencia.
En este Gobierno y gracias al entrampamiento de la ‘paz total’, cuyo autor intelectual y material tras bambalinas es Iván Cepeda, los integrantes de los grupos armados ilegales pasaron de 15.120 a 25.000. Criminales, la mayoría agradecidos y entusiasmados con la idea de continuidad de un régimen que, en lugar de combatirlos con real determinación, les ha permitido controlar cada día más el territorio, facilitando su injerencia en las elecciones.
Por eso la alerta de Pizarro y Cepeda no puede calificarse de manera distinta a cínica. Siendo cierto que la presión de los grupos criminales juega a favor o en contra de todos los candidatos, no es secreto que la mayoría lo hace a favor del candidato de la izquierda radical. Tan de bulto es que salieron a ‘denunciar’ y ‘rechazar’ el hecho y a afirmar que ‘sus responsables deben ser investigados’, siendo ellos parte del entramado electoral del Gobierno.
Cínicos, porque son artífices de la debacle en la que está el país y el dominio del hampa, porque son corresponsables del desbordamiento de la inseguridad y los problemas de orden público que tienen en vilo la transparencia del proceso electoral en varias regiones del país. Y porque son los grandes beneficiados del constreñimiento al elector. Por eso salieron a dar explicaciones que nadie les había pedido, una confesión de culpabilidad.
Les salió bien adelantarse a una realidad de puño que seguro se hará más evidente en la recta final, pues apacigua a ciertos medios y le resta efectividad a la crítica. No faltará quien diga ingenuamente o en velada complicidad que “eso ya lo denunció Cepeda”. Lo que es peor, normaliza y legitima la presión electoral de las organizaciones criminales. A eso estamos abocados en un país en el que lo legal e ilegal se confunden impunemente.
Poncio Pilatos se quedó corto comparado con la lavada de manos del candidato del Pacto Histórico. En adelante, todas las denuncias de la oposición o lo que digan los entes de control caerán en el vacío de la generalización. Iván Cepeda y su séquito de civil y enmontado saldrán a decir que son víctimas de la presión armada mientras el país se aproxima a las urnas con dos procesos electorales paralelos, uno clandestino y otro de cara a la luz pública, que la Registraduría contabilizará sin disección, reclamando el triunfo de la democracia.