El pasado 25 de abril, hombres armados bloquearon la vía Panamericana a la altura de Cajibío, Cauca, a las 12:30 p.m. activaron un cilindro bomba escondido en la carretera. Fue el atentado más mortal contra población civil que ha vivido el suroccidente colombiano en su historia reciente.

Cuatro días después, atacaron a los trabajadores de una patrulla de seguridad de un ingenio azucarero en zona rural de Corinto. Ahí fue asesinado Juan Carlos Ceballos, de 47 años, padre de cuatro hijos menores de edad. También quedó herido otro trabajador y tres más fueron secuestrados y liberados gracias a la intervención del Ejército Nacional.

La lista sigue. El sábado anterior ya habían quemado los cabezotes de dos trenes cañeros. El miércoles en la tarde, en Caloto, luego de que asesinaron a Ceballos, quemaron una cosechadora de caña. Un ataque sistemático contra la economía rural de una región entera.

Para entender la magnitud de lo que está en juego hay que conocer el peso de lo que se está atacando. La agroindustria de la caña genera 286.000 empleos en Valle, Cauca y Risaralda. Seis de cada diez familias en la región dependen de este sector. Y no es un empleo cualquiera, cerca del 100 % de los trabajadores tienen contrato permanente, con el salario más alto del agro en Colombia. Esta agroindustria es la columna vertebral del empleo rural formal en una de las regiones más golpeadas del país.

Y mientras eso ocurre, los grupos que la atacan crecen en todo el país. En apenas un año, más de 5000 personas se incorporaron a grupos armados ilegales, que ya suman más de 27.000 integrantes entre combatientes y redes de apoyo, un crecimiento del 23,5 % en doce meses según la Fundación Ideas para la Paz.

En una semana hubo más de 30 atentados, 23 muertos y 56 heridos. La respuesta del Gobierno fue que no había caos de seguridad, lo cierto es que esta región se les salió de las manos. El agro no funciona sin seguridad, porque un trabajador sale de su turno esperando volver a su casa, y no hay cadena productiva que resista cuando las carreteras son autopistas de guerra.

Lo que se necesita es presencia estatal permanente y una política de seguridad rural que reconozca al sector agroindustrial como infraestructura estratégica del país. Se necesita que la Fiscalía investigue, los jueces condenen, y que la Procuraduría vigile que nadie en el aparato del Estado mire para otro lado. La impunidad genera más violencia. Es un círculo vicioso que nuestro país no puede seguir aceptándolo.

Colombia no tendrá estabilidad si el suroccidente sigue en este caos. Por Buenaventura, sale el 64 % del café y el 86% del azúcar. Mueve cerca del 40 % de la carga marítima del comercio exterior no minero energético y más del 50 % de los contenedores del país, consolidándose como el principal punto de entrada y salida de mercancías de Colombia. Por ahí entra el 35 % de los cereales que consumimos y el 45 % de los vehículos importados.

Lo que está en juego no es solo la seguridad de una región. Es una disputa territorial entre dos modelos económicos incompatibles: el de la economía legal, que genera empleo formal, paga impuestos, construye infraestructura, apoya comunidades y da tranquilidad a la gente; en contraste con el de la economía ilegal, que captura territorios, recluta jóvenes y financia el terror. Están atacando un modelo que compite con lo ilegal.

Este es también un llamado a la sociedad civil. Cuando una masacre deja de indignarnos, cuando cambiamos de pantalla porque “eso siempre ha pasado en el Cauca”, estamos cediéndole terreno a los violentos. ¡Esto nos compete a todos!