El futuro de la Nueva EPS

Si algo necesitan los cerca de diez millones de usuarios de la Nueva EPS en Colombia, además de una prestación digna y un servicio eficiente en la atención en salud, es claridad frente a los planes que tiene el gobierno de Gustavo Petro con la más grande de las EPS del país.

No tiene explicación alguna que a diario aparezcan miles de pacientes desesperados porque no pueden conseguir una cita con un especialista, otros implorando la entrega de medicamentos que no llegan o las clínicas y hospitales negando servicio a los usuarios por falta de pago, y aún así el Gobierno insista en querer llevar por la fuerza a más personas a padecer ese drama.

La salud es un derecho fundamental y la Nueva EPS es el rostro más visible de la crisis a la que ha llevado el actual Gobierno Nacional al sistema de atención médica en Colombia. Sin embargo, cada decisión apunta más a un deseo deliberado de arrasar con lo que queda del modelo de salud colombiano que a buscar una salida que impida que siga muriendo más gente por falta de atención.

Las consecuencias de esa improvisación las han pagado usuarios como Michael Meléndez, un joven de 24 años de Soledad (Atlántico), a quien luego de fallecido le llegó la remisión al centro médico donde le podían brindar la atención requerida. O Jeisson Pinzón, de 20 años, quien murió en Boyacá esperando que la Nueva EPS le autorizara un medicamento esencial para tratar la leucemia.

Casos como esos abundan; y aun así, desde el gobierno central, concentrado en cómo adelantar a la fuerza la reforma a la salud que le ha sido negada en el Congreso, se sigue pretendiendo trasladar más usuarios de otras entidades que se encuentran intervenidas o en proceso de liquidación a la Nueva EPS.

En Cali y el Valle del Cauca la situación no es diferente. Miles de pacientes reclaman por la falta de especialistas para consulta externa; hay medicamentos que el dispensario no entrega y solo hay una clínica para atención de los usuarios porque las demás ya no prestan el servicio por falta de pago.

Afortunadamente, el Consejo de Estado, amparado básicamente en el derecho fundamental que tienen los colombianos al acceso a la salud y la libre escogencia de una EPS, suspendió el Decreto 182 del 2026, con el que su gobierno buscaba llevar más gente a la Nueva EPS.

Ante este panorama, no son claros ni la razón ni el papel que cumplirán Daniel Quintero y Jorge Iván Ospina frente a la Superintendencia de Salud y la interventoría de la Nueva EPS.

Lo indiscutible es que no hay salud sin personal médico contratado; ni clínicas sin dinero ni insumos, y mucho menos tratamientos o una mejor calidad de vida si las empresas prestadoras de salud no suministran los medicamentos necesarios. Resulta también desesperanzador que en esta disputa sea la política la que pareciera estarle ganando el pulso al derecho a la salud que tienen todos los colombianos.

La Nueva EPS está colapsada y eso es innegable. Por ello, lo que esperan quienes están afiliados a la entidad es que aquellos que han sido designados para estar al frente de la toma de decisiones sean claros y les digan cómo pretenden salvar el sistema de salud, si hay voluntad real de sacarlo adelante, o si le darán sepultura como a muchos de sus pacientes.