Mientras el país descansaba al final de la Semana Santa, el presidente Petro desató el que puede ser el mayor escándalo de esta campaña. En uno de sus caóticos trinos, el presidente reconoció que ha recibido informes de las agencias de inteligencia del Estado de llamadas del candidato Abelardo de la Espriella y lo vinculó con el caso de los pasaportes.

El presidente Petro ha acostumbrado al país a las malas a su participación en la campaña a pesar de que está prohibido por la Constitución. De entrada es muy grave que el presidente se involucre en el curso de las elecciones porque rompe el principio esencial de la igualdad de condiciones para todos los partidos en la contienda.

A pesar de eso, Petro parece no tener problema en pasar por encima de las leyes y participa a diario en el concurso: opina de los demás candidatos, califica sus propuestas, los relaciona con figuras como las de Uribe y Duque, e incluso invitó a no votar las consultas presidenciales del pasado 8 de marzo.

Ni hablar del silencio preocupante de instituciones como la Procuraduría y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes ante la indebida participación del Ejecutivo en la campaña: nadie lo investiga, nadie lo sanciona y nadie hace nada.

Pero esta vez el presidente ha ido mucho más lejos porque ha expresado que conversaciones del candidato de la Espriella han sido interceptadas (aún está por saberse si para esto se cuenta con la requerida orden judicial). Y esto tiene, además, graves efectos políticos en la contienda, en la que Petro toma cada vez más participación.

No solamente queda ahora la inmensa inquietud sobre si el gobierno ha interceptado a sus opositores, sino también la preocupación de ver a un presidente exponer información tan delicada sin ningún tipo de cuidado ni responsabilidad. Petro le reitera al país a diario que cree que puede pasar por encima de todas las normas democráticas sin tener que rendir cuentas a nadie, bajo el falaz argumento de que solo él representa a ‘el pueblo”.

De fondo, el mandatario profundiza a diario su pelea con cada una de las instituciones de la democracia que representan frenos y contrapesos ante su vocación de poder desmedido y sin balance. De esto también fue testigo el país en la pelea del gobierno con el Banco de la República la semana pasada. De esta permanente pelea con instituciones deriva la propuesta de patear el tablero con una Asamblea Constituyente, que es el mayor riesgo que enfrenta Colombia en estas elecciones.

Si el Congreso no aprueba al pie de la letra sus reformas, el presidente los intimida con la espada de Bolívar. Si las Cortes no deciden lo que espera, convoca plantones en el Palacio de Justicia, y si la prensa hace algo distinto a alabar al gobierno, llena de insultos a los periodistas y propietarios de los medios de comunicación. Pero, sobre todo, si la Constitución representa un contrapoder ante la presidencia, llama a reescribirla en una Asamblea Constituyente.

A Petro no le sirve ninguna institución. Esta debe ser la mayor señal de alerta de los últimos cuatro años en el país, así como también de los cuatro que están por venir.

Pero entre más fuerza toma el populismo en nuestro país, más debemos recordar que cuando un político asume la vocería absoluta del pueblo, muy probablemente no es más que un manipulador y un mentiroso. Desde hace décadas, la democracia le pertenece a la totalidad del pueblo colombiano y atribuirse esa representación única es un engaño histórico.

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Posdata: quienes caen en la trampa populista de atacar al Banco de la República deben recordar que el presidente Petro designó a 3 de 7 de sus integrantes. Y si a esto le sumamos el voto permanente del Ministro de Hacienda del gobierno de turno, nos da un resultado de 4 de 7 votos para el gobierno Petro. ¡El presidente tiene la mayoría de los votos! Imagínense ustedes el tamaño de irresponsabilidades que propone Petro en política económica para que, aun teniendo la mayoría de la Junta, su visión chambona sobre la economía del país se vea –afortunadamente– derrotada.