Por un POT que nos salve de ser ciudad favela

Los técnicos de Planeación Distrital hicieron un buen trabajo al formular la parte urbanística del Plan de Ordenamiento Territorial de Cali, POT, que está en trámite. Sin embargo, uno de sus aspectos preocupa a muchos ciudadanos y empresarios vinculados a las actividades inmobiliarias y constructivas. Me refiero a que no se consideraron áreas de expansión suficientes para desarrollar las decenas de miles de viviendas que necesitará la ciudad durante la vigencia del nuevo POT. Tanto es así que el documento técnico de soporte indica que el 18% de las viviendas requeridas serán “asumidas” por otros municipios.

Para hacer las cosas más difíciles ha trascendido que la CVC, corporación regional ambiental, no estaría dispuesta a aceptar la modesta propuesta de crecimiento urbano contenida en el proyecto de POT. La innecesaria restricción del espacio que parece imponerse, propiciará desarrollos ilegales, invasión incontrolable de predios, tugurización. Esto sin contar con que la migración obligada de las nuevas viviendas y sus habitantes a los municipios vecinos, implica para Cali dejar de percibir enormes ingresos por concepto de impuesto predial, tasas, servicios públicos, etc.

Aparte de lo anterior, hay unas dos mil hectáreas ubicadas en el piedemonte caleño las cuales están en riesgo de ser invadidas. Estas áreas deberían articularse al proyecto impulsado por la administración local en el sentido de convertir la ciudad en referente mundial de la biodiversidad sostenible. Una iniciativa que supone regulación territorial a la par realista y creativa, usando criterios renovados que permitan la convergencia controlada de usos de carácter habitacional, lúdico, turístico, dotacional; así como otras actividades que presten un servicio eficaz a la sociedad, como lo han logrado otras ciudades de Colombia y del mundo entre las que se destaca Curitiva, experiencias visitadas por los técnicos de Planeación Distrital pero al parecer desconocidas por otros especialistas que inciden en el actual proceso regulatorio.

Nuestras autoridades locales y regionales no pueden repetir el error del POT 2014, cuando se confundió protección ambiental con conservación inflexible, congelación policiva de grandes zonas. Al efecto se inventaron la figura de ‘ecoparques’ que carecía de sustento legal y tuvo resultados contraproducentes. Los propietarios perdieron interés en sus predios que quedaron desprotegidos. Según estudios de la firma mexicana Prosperia, cerca del veinte por ciento del área sometida a aquel régimen ya se encuentra afectada por ocupaciones ilegales y su depredación ambiental avanza.

El proceso de ‘concertación’ debe estar exento de fundamentalismos y centrarse en buscar soluciones pragmáticas, eficaces, construidas con ánimo de convergencia. Atendiendo al lenguaje legal debe ser claro que concertar significa aproximar, buscar acuerdos, y excluye toda imposición por una de las partes. Más aún cuando Cali ya tiene el carácter de distrito especial y sus competencias para proteger el ambiente se han fortalecido. Tanto así que el Distrito está pasando a ser dueño de la tasa medioambiental que junto al impuesto predial los ciudadanos pagábamos a la CVC. Además, según la ley de distritos especiales la ciudad debe crear un establecimiento público propio que se desempeñe como autoridad ambiental en su jurisdicción. Una facultad que desafortunadamente no ha aplicado y debería ejercer cuanto antes.

El impacto negativo de congelar o restringir las zonas de expansión durante los doce años de vigencia del nuevo POT, se verán especialmente en las laderas de Cali. Allá antes de crear más restricciones que significan invasiones sin control, condiciones inhumana para los habitantes, deterioro del entorno, arrasamiento de la fauna, es inaplazable abrir el espacio a desarrolladores institucionales o privados para que complementen con su iniciativa y recursos la acción del Estado local, vinculándose a las soluciones en materia de servicios, zonas verdes, equipamientos públicos y vías.

Esto mientras articulan su actividad en materia habitacional con el desarrollo de un sistema integrado de parques, corredores de fauna autóctona, senderos, reservorios, estaciones de observación etc. Hablamos del entorno que permitiría la convivencia de hábitat y fauna, trascendiendo lo meramente restrictivo para impulsar de manera sostenible tanto la calidad de vida de los seres humanos como la protección de la vida silvestre. Lo anterior ilustra el tipo de regulaciones urbanísticas y medioambientales mencionadas atrás y que Cali tiene derecho a implementar.

Ojalá el nuevo POT sea el inicio de una transformación urbana profunda e incorpore las normas que nos salven del destino de ciudad favela que por ahora nos espera.