En Cali, como esas viejas melodías que vuelven cuando nadie las extraña, regresó la discusión sobre ampliar el horario nocturno más allá de las 2:00 a.m., esta vez amparada en el pretexto de que ‘es diciembre’. Los empresarios de la noche protestan, levantan pancartas y hasta bloquean vías, repitiendo la lírica de siempre: el ‘empleo y la economía nocturna’, como si una o dos horas adicionales de expendio de alcohol fueran la fórmula del desarrollo. Y como si el derecho a la salud, al descanso y a un ambiente sano fuese un detalle prescindible.
Todo esto ocurre mientras la Alcaldía de Cali no considera el costo social ni atiende la evidencia disponible de los últimos veinte años. Sus propias dependencias -Seguridad y Justicia, Desarrollo Económico y el Dagma- son incapaces de sostener un mensaje único, coherente y sustentado en datos.
Ampliar el horario nocturno es una imprudencia revestida de populismo. En Cali, los homicidios ya superan en un 12 % los del año pasado, y esa sola cifra debería bastar para que cualquier empresario o funcionario con sentido de responsabilidad descarte extender la jornada nocturna. Más aún cuando la madrugada concentra cerca del 40 % de los asesinatos, un dato que no admite matices ni interpretaciones convenientes.
A este riesgo inmediato se suma un comportamiento histórico que Cali conoce desde hace dos décadas y que nadie puede seguir ignorando: en diciembre los homicidios suben alrededor del 14 %, y las desapariciones alcanzan picos del 10 al 13 % entre diciembre y enero (ver gráfico). Puesto en términos reales, no en porcentajes: 130 personas asesinadas y cerca de 40 desaparecidas, de las cuales la mitad jamás se vuelve a saber nada.
Ante estos hechos, la pregunta pasa a ser moral: ¿De verdad el costo social —medido en vidas y salud— es menor que el beneficio económico que un sector reclama en nombre del empleo y la ‘economía nocturna’?
Insistir en alargar la noche es, sencillamente, ignorar la realidad que ya golpea a la ciudad. Los horarios nocturnos extendidos aumentan la presión sobre el sistema de seguridad y desbordan la capacidad operativa de la policía. Así, Cali queda expuesta a una violencia que no concede tregua, alimentada por más de 30.000 riñas anuales, muchas asociadas al consumo de alcohol y drogas en zonas que son literalmente tierra de nadie.
Miles de ciudades del mundo han aceptado la evidencia y por ello establecen cierres no más allá de las 2:00 a.m. De hecho, hay una sólida evidencia científica. En Newcastle y Sídney (Australia), en Diadema (Brasil), imponer recortes de 2 horas en el horario de bares redujo las agresiones hasta en un 37 %. En Baltimore, una medida similar redujo en 23 % los reportes de violencia. Eso es lo que se conoce como last call, y es el tipo de decisión que sin dudas la Secretaría de Desarrollo Económico debería coordinar con su homóloga de Seguridad y Justicia.
La noche forma parte de la identidad caleña, pero no por ello puede convertirse en un territorio sin límites ni en un espacio para que el populismo ignore la evidencia. Cali requiere decisiones que respondan al interés colectivo, no a la presión de un sector que mira únicamente su propia caja sin considerar las consecuencias para el resto de la ciudad.