Cada vez que pagas una factura de servicios públicos, recargas tu billetera digital o realizas una transferencia, dejas una huella transaccional que, hasta hace poco, se quedaba guardada en una caja fuerte institucional. Sin embargo, con la expedición del Decreto 0368 de 2026, el país dejó atrás el modelo voluntario de intercambio de información para dar paso a un Sistema de Finanzas Abiertas (SFA) de carácter obligatorio. Más allá de los desafíos técnicos que esto impone, la norma encierra una declaración sin precedentes: los datos financieros dejan de pertenecer a las instituciones que los custodian y regresan a manos de la ciudadanía. Mediante un consentimiento previo, expreso e informado, las personas recuperan el poder de decidir cómo, cuándo y con quién compartir su historial económico.
La pregunta de fondo que hoy debemos plantearnos desde las regiones es: ¿esta obligatoriedad se traducirá en equidad o será una sofisticación técnica que profundice la exclusión de los sectores históricamente rezagados? El éxito de este hito regulatorio no se medirá por el volumen de APIs conectadas, sino por su capacidad real para impactar el bienestar financiero de la población sub-atendida, ofreciendo alternativas legítimas frente a flagelos como el “gota a gota” que asfixia a tantos micronegocios de nuestra región.
Desde la Mesa de Trabajo Intersectorial de Inclusión Financiera —que hoy articula a 18 organizaciones públicas, privadas y de la academia— sustentamos esta visión en nuestro más reciente informe: “Finanzas abiertas e inclusión financiera en Colombia: elementos fundamentales para su implementación”. Este documento propone una hoja de ruta con rostro humano, diseñada para garantizar que la arquitectura técnica del SFA priorice el desarrollo social.
Entendemos que el nuevo sistema funcionará como un auténtico bien público digital solo si se configura bajo reglas de juego claras y simétricas. Un eje fundamental es el principio de reciprocidad: la nueva cancha exige que cualquier entidad que solicite acceso a la información de los usuarios esté igualmente habilitada y obligada a proveer la suya bajo estándares comunes. Romper esta asimetría histórica empodera a la ciudadanía, al permitirle trasladar su historial para negociar mejores servicios.
No obstante, el verdadero tablero de juego para ciudades como Cali está en la inclusión basada en datos alternativos. El filtro tradicional ha dejado por fuera de los circuitos de crédito formal a miles de mujeres emprendedoras en sectores como el Distrito de Aguablanca o Siloé, jóvenes y unidades productivas rurales debido a la estacionalidad de sus ingresos. Validar las transacciones habituales en billeteras digitales o los historiales de pago como señales legítimas de capacidad de pago es el camino para corregir los sesgos de los modelos predictivos actuales. Para que esto funcione, es vital que el Estado vigile de forma eficiente que los costos de infraestructura no operen como barreras de entrada.
Sin embargo, esta transición digital no puede darse en el vacío. Al tiempo que el ecosistema celebra hitos como la llegada del sistema de pagos inmediatos Bre-B, la realidad de las brechas de conectividad rural en el suroccidente nos obliga a poner los pies sobre la tierra. Las finanzas abiertas exigen una robusta infraestructura, pero sobre todo, exigen blindar la confianza de los consumidores. En un entorno propenso al escepticismo, el consentimiento informado no puede reducirse a un ‘clic’ rutinario en una pantalla. Si el usuario percibe que la apertura de sus datos vulnera su privacidad o lo expone a riesgos, el sistema perderá legitimidad. Por ello, se requieren canales de atención presencial asistida y esquemas pedagógicos comunitarios que garanticen que las personas controlen su información de manera consciente, transparente y segura.
La obligatoriedad del SFA ya es una realidad jurídica. Ahora nos corresponde asegurar su adopción y respaldo social. El llamado urgente es a consolidar una gobernanza pública coordinada donde el éxito se evalúe por el bienestar real de la gente. Solo la corresponsabilidad sectorial y el cuidado estricto de la confianza ciudadana convertirán los datos en una herramienta de verdadera equidad en Colombia.