El crimen maquillado

Quienes justifican la violencia apelando al temor de los derrotados construyen una narrativa sin sustento. Su argumento consiste en presentar la agresión y la destrucción como formas legítimas de defensa. La propuesta del nuevo gobierno es combatir el crimen con firmeza, como todo país civilizado. Y sí, crimen es toda conducta que pretende imponerse por fuera del orden constitucional mediante las armas, la intimidación o el terror.

Durante décadas se nos quiso convencer de que ciertas formas de violencia tenían un estatus especial y que quienes las ejercían debían ser tratados como simples ‘actores del conflicto’. Bajo ese discurso ideológico se terminó legitimando lo que no es otra cosa que crimen organizado. Los derrotados pasaron años dialogando, negociando e incluso facilitando la acción de organizaciones armadas ilegales. Por eso manipulan sembrando temor entre los ciudadanos que nunca participaron de esas actividades.

Quien vive de su trabajo, respeta la ley y no participa en secuestros, extorsiones, narcotráfico, robos o amenazas, no tiene razón para sentirse perseguido. Muy por el contrario de lo que pregona la propaganda, el gobierno que se instala el 7 de agosto no es nazi, ni fascista, ni de extrema derecha. Nadie será perseguido por sus ideas. Lo que sí debe ocurrir es que quienes promuevan o inciten la violencia respondan por sus actos, como sucede en cualquier democracia seria.

Si el Estado recupera efectivamente el control del territorio y reduce el poder de las organizaciones criminales, millones de colombianos podrán trabajar, emprender, invertir y vivir con mayor tranquilidad. Ese es el progreso que importa. No se trata de una fórmula novedosa. Es el rasgo común de las democracias más prósperas del mundo: paz garantizada por el monopolio legítimo de la fuerza; libertad para que cada persona progrese según su esfuerzo, su talento y su disciplina; y una justicia confiable que resuelva los conflictos sin acudir a la violencia.

El componente social se concentrará en quienes realmente lo necesitan: educación, salud y vivienda para los excluidos. No un asistencialismo generalizado que sustituya el esfuerzo. Cuando el Estado se convierte en el gran repartidor de favores, empeora la pobreza, se multiplica la dependencia y florece una corrupción cada vez más difícil de controlar.