Las cifras de este Gobierno son pésimas. El déficit fiscal del año pasado fue de 6,4 % del PIB. Los ingresos fueron de $302,7 billones y el gasto de $420,5 billones, lo que arroja un desbalance de $117,8 billones de pesos.

El desbalance se cubre con deuda que, en este Gobierno, año a año, va empeorando. La deuda bruta alcanzó 64,7 % en 2025, muy por encima del 2020 de pandemia, 60,7 %, y del 60 % del 21, pospandemia. Entonces, el aumento de la deuda se justificaba. Hoy no tiene explicación distinta a que este gobierno gasta mucho más de lo que ingresa. Por eso, en 2025, el déficit primario, que excluye el pago de intereses de la deuda, subió de 2,4 % a 3,5 % del PIB, el más alto en dos décadas excluyendo pandemia.

Para rematar, los inversionistas que compran deuda pública colombiana (los famosos TES) son cada día más escasos y, para cubrir el riesgo, exigen tasas de interés más altas. Las ofrecidas por el gobierno han llegado al 14%, alcanzando máximos históricos.

Como si el panorama no fuera malo, la inversión extranjera directa en 2025 cayó un 16,2 % frente a 2024 y cerró en USD $11.469 millones. Vamos en tres años consecutivos de descenso y la inversión ya es menor a la de la pospandemia.

Para este año, los analistas estiman que el déficit fiscal subirá al 6,8 % del PIB y el déficit primario al 3,7 %. Es decir, el Gobierno tendrá que seguir endeudándose en condiciones financieras cada vez más negativas.

En fin, en 2026 vencen 63 billones de pesos en deuda interna que hay que refinanciar (haga el lector el cálculo de cuántas tributarias equivalen). No tengo el cronograma de vencimiento de la deuda externa. En cualquier caso, el Gobierno deberá emitir nueva deuda para pagar la deuda que vence, a tasas mucho más altas, con mucho menos apetito del mercado y las señales de alerta disparadas en las calificadoras internacionales y en los potenciales compradores.

La herencia que recibirá el nuevo Gobierno es nefasta. No queda duda entonces de que, como ha sostenido Paloma Valencia, urgen austeridad al máximo, reducir el tamaño del Estado y el gasto público, y generar condiciones fiscales y de seguridad jurídica que vuelvan a atraer la inversión nacional y extranjera. Y hay que luchar a fondo contra la corrupción, ese cáncer que hizo metástasis durante este Gobierno de bandidos.

Sin embargo, nada de esto importa para las elecciones. La inmensa mayoría ni lo entiende. La campaña debe centrarse en mostrar a los ciudadanos una candidata que dé esperanza a las madres cabeza de familia (el 50 % de los hogares), a los adultos mayores que no tienen pensión (4 de cada 5), a los jóvenes en edad de estudiar o trabajar que no hacen ni lo uno ni lo otro (28 %), a los informales (57 %) y desempleados (9,2 %), a los micro y pequeños empresarios (96 %), a los campesinos (42,1 %), a los tenderos (575 mil). Una candidata preocupada y con soluciones para la clase media y los más pobres, capaz de sumar en las diferencias para unir a Colombia.