Colombia según el algoritmo

Hubo una época en que un candidato a la presidencia se le medía por la solidez de sus propuestas, por su capacidad de responder preguntas incómodas, por aguantar el escrutinio público sin salir corriendo. Esa época, si es que existió del todo en Colombia, ya no es la que vivimos.

En la campaña que acaba de llevarnos a la primera vuelta presidencial de 2026, el debate —ese ejercicio necesario— brilló por su ausencia. No hubo un solo espacio con todos los candidatos al mismo tiempo, en igualdad de condiciones, respondiendo las mismas preguntas, ante el mismo público. Lo que hubo, en cambio, fue una ristra de apariciones individuales, entrevistas pautadas con periodistas amigos, foros sectoriales donde cada quien hablaba a su clientela, y —sobre todo— una avalancha de contenido para redes sociales que reduce el ejercicio político al marketing facilista.

¿Cómo llegamos aquí? No de golpe. Fue un deslizamiento que comenzó cuando los equipos de campaña descubrieron que un video de treinta segundos movía más votantes que una hora de diálogo en televisión. Que el algoritmo premia la emoción sobre el argumento y que el electorado, fatigado y desconfiado, prefería ver a su candidato en una cocina popular, riendo con influenciadores, antes que enfrentado a una pregunta sobre el déficit fiscal.

Los candidatos obedecieron al mercado. Calcularon que el riesgo de un debate abierto era mayor que el beneficio. Que en un escenario con micrófonos y réplicas, sus debilidades quedarían expuestas. Que era mejor controlar el mensaje —decidir cuándo hablar, con quién, sobre qué— que someterse a la incertidumbre de un contradictor. La decisión fue racional, el resultado, colectivamente, fue un desastre para la democracia.

No es un problema de tecnología. El TikTok no es el villano de esta historia; es solo el síntoma más visible de un mal más profundo: la mercantilización de la política. Cuando una candidatura se gestiona como una marca —con agencias, datos de engagement y consultores que optimizan cada aparición— el debate se convierte en un riesgo innecesario.

El resultado es grotesco. Colombia tiene candidatos que dominan el arte de aparecer ante miles de seguidores en vivo, pero que evitan con maestría ser interrogados por un periodista que no tenga el cuestionario aprobado de antemano. Tenemos aspirantes a la Casa de Nariño que acumulan millones de reproducciones con videos de treinta segundos, pero que nunca han tenido que defender sus contradicciones frente a un rival con derecho a réplica.

Y mientras eso ha ocurrido, los medios de comunicación —cómplices involuntarios o demasiado voluntarios de este circo— compitieron por conseguir la entrevista exclusiva, el live especial, la visita a la sede de campaña. Pocos insistieron en la condición mínima de cualquier ejercicio democrático serio: que todos los candidatos estuvieran en el mismo espacio, al mismo tiempo, respondiendo las mismas preguntas. Esa exigencia simple, esa condición elemental, casi nadie la planteó con seriedad.

El ciudadano de a pie llega a las urnas de la primera vuelta con una información fragmentada, filtrada por burbujas algorítmicas y mediada por imágenes cuidadosamente producidas. Vota —en muchos casos— no por un programa de gobierno, sino por una estética política: la del candidato que le generaba más emoción, más endorfinas. Eso no es necesariamente irracional. Pero es profundamente insuficiente cuando se trata de elegir al jefe de Estado de un país como el nuestro.

Hay una responsabilidad distribuida en este fracaso. De los candidatos, que prefirieron la comodidad del monólogo a la exigencia del diálogo. De los partidos, que nunca presionaron para que sus representantes se sometieran al escrutinio. De los medios, que aceptaron las condiciones impuestas por los equipos de comunicación. De las autoridades electorales, que no establecieron mecanismos para que los debates fueran obligatorios o al menos imposibles de eludir. Y del electorado, que en parte premia a quienes más huyeron del debate.

Pero la conclusión no puede ser encogerse de hombros y decir que así es la política, que el mundo cambió, que las redes son la nueva plaza pública y que hay que aceptarlo. Porque la diferencia entre un debate real y un video de campaña no es generacional: es sustancial. En un debate, alguien puede señalar que la promesa X contradice la promesa Y. Que el plan económico no cuadra. Que la posición de hoy desmiente la de hace tres años. Eso no pasa en un TikTok.

Colombia puede ir a segunda vuelta con dos opciones y con demasiadas preguntas sin responder, con preguntas que debieron haberse formulado en público, con réplica, con tiempo, con todos. Quizá ya es tarde para ese debate de primera vuelta pero no lo es para la segunda. Y no lo es, sobre todo, para empezar a construir las reglas que impidan que en 2030 —o en cualquier elección que venga— volvamos a entregarnos a esta democracia donde el candidato más visible se venda como el más transparente.

Exigir debates es una demanda mínima de seriedad. Es recordarles a quienes aspiran al poder que el poder se ejerce con argumentos, con decisiones difíciles y con rendición de cuentas —no con tendencias en redes. Y es recordarnos a nosotros mismos que el voto más informado no se construye con reels, sino con preguntas que incomodan, con el ruido inevitable, y necesario, del desacuerdo. Eso es la democracia, lo demás es entretenimiento.