Luego de llegar al poder en 2022, el presidente Petro sorprendió a todos los actores del debate público colombiano con la primera reforma que escogió tramitar en su mandato. A diferencia de otros gobiernos, que buscaron comenzar sus administraciones con las reformas más populares y que les garantizarían un lugar en la historia, Petro prefirió empezar con una reforma tributaria para asegurar recursos para su programa de gobierno.
Aunque en un principio cumplió con los objetivos de recaudo, no fue necesario mucho tiempo para que el gobierno se quejara de manera cotidiana por la falta de recursos para implementar proyectos. Año tras año, el presupuesto público propuesto por el presidente ha aumentado a niveles imposibles de sostener desde una economía que crece en números cercanos al 3 % anual.
Lo cierto es que, si el gobierno pasa por una situación de dificultad financiera, la austeridad no ha sido lo que ha definido su política de gasto, sino todo lo contrario: ha sido una era de derroche y gastos absurdos. Por eso el más reciente reporte de la Contraloría advierte un aparatoso gasto en los días recientes que está lejos de corresponder a las necesidades más urgentes del país, como la atención de desastres o el mejoramiento del sistema de salud. Mientras el presidente Petro culpa a sus rivales por la falta de plata para atender la crisis en Córdoba, su presidencia aumentó en un 30 % el gasto en contratos directos frente a hace 4 años. Muchos de estos corresponden a gastos poco necesarios.
Mientras el gasto público siga creciendo de semejante manera, sin controles ni lógica de proporciones, no habrá reforma tributaria que haga sostenible el nivel de despilfarro. Esta última decisión de aumentar de semejante forma el gasto en contratos por prestación de servicio se ha dado en las fechas finales que permite la ley, antes del inicio de la ley de garantías. Por eso resulta especialmente indignante que, aunque el gobierno insiste en que atraviesa una supuesta crisis por falta de fondos, entre la ley de garantías de las elecciones de 2022 y la que inicia ahora, la administración Petro ha aumentado el gasto por contratos en prestación de servicios en 6 billones de pesos, según cifras entregadas por la Contraloría. La pregunta esencial es cuántos de estos contratos son realmente necesarios para la implementación de un plan de gobierno y cuántos más obedecen, en cambio, al fortalecimiento de estructuras políticas.
Pero el reporte de la Contraloría no se queda ahí y debe ser puesto en un contexto aún más preocupante, pues, según cifras del Dane, el estado colombiano es uno de los sectores que más crecen como generadores de empleo. Esto está lejos de ser una noticia positiva, pues advierte que la economía pierde competitividad y que solo a partir del gasto desaforado del dinero público crece la generación de empleo en ese sector. La Contraloría señala que en los meses recientes, el gobierno Petro ha creado 56 mil nuevos contratos por prestación de servicios.
¿Les parece a ustedes que este es el caso de un gobierno sin recursos para ejecutar? Porque cualquiera pensaría lo contrario: que plata sí hay en las arcas del Estado, y mucha, para gastar en corbatas y en contratos que en muchos casos benefician a los amigos del gobierno. De fondo, la discusión es una: si es o no correcto –y propio de una supuesta ‘revolución ética’– que el dinero de los impuestos sea destinado a fortalecer los aparatos burocráticos y propagandistas de los más cercanos al petrismo.
Al mismo tiempo, llama inmensamente la atención que el gobierno que en campaña prometió mejorar las condiciones laborales de los colombianos sea el que más precariza la situación de decenas de miles de colombianos desde la figura de la contratación por prestación de servicios.
@fernandoposada_