Pues si nos atenemos al editorial de El Tiempo, en la edición de Año Nuevo, ‘Salario de Campaña’, la advertencia es clarísima. No recuerdo otra declaratoria del salario mínimo vital y familiar que hubiera dado lugar a un análisis de esta naturaleza. La primera reacción es la de examinar los efectos macroeconómicos de un incremento que superó el solicitado por los propios trabajadores. Muchos de ellos, beneficiarios de esta alza que se considera desproporcionada, muy pronto se dan cuenta de que los efectos inmediatos de la misma superan el beneficio recibido. Como que sus matemáticas no coincidían con las presidenciales. Y en el debate tradicional, pues son los argumentos por todos conocidos sobre su impacto en la inflación, en el costo de muchos servicios, en la sobrecarga para pequeñas y medianas empresas y en la eventual generación de desempleo.
Llamarlo salario de campaña tiene una enorme implicación, porque se hacen cuentas de su impacto en el comportamiento electoral, de millones de votantes que no tienen toda la información relevante y que solamente lo perciben como un beneficio.
Pero es que no solo estamos ante una decisión jurídica, que ya algunos inclusive anuncian que controvertirán ante los tribunales, se menciona el Consejo de Estado. Es que la propia declaratoria de la Emergencia Económica ha sido también ya objeto de anuncios, mucho más elaborados tanto por juristas, como empresarios, de las propias fuerzas políticas que se reunieron en sesión virtual, y muchas de ellas declararon su inconformidad con una medida que busca sustituir la jurisdicción del Congreso, al tomar decisiones que este mismo ya había negado.
De manera que tendremos un arsenal de argumentos jurídicos que buscan debilitar o derrumbar varias de estas decisiones, no solo en muchos casos con argumentos meramente jurídicos, sino con implicaciones como las que trae el citado editorial de El Tiempo.
No me canso de subrayar la importancia del litigio, tanto el estratégico como el meramente tradicional o académico, que caracteriza la relación de los colombianos con su Estado de Derecho. Argumentos van y vienen, y ello contribuye, y de qué manera, al fortalecimiento de nuestra tradición jurídica. Pocos tribunales en el mundo tienen que asumir estas responsabilidades tan complejas, como las que los nuestros tendrán que afrontar en los primeros días del nuevo año, una vez se reinicie el año judicial. Y aunque en forma diferente, lo propio ocurrirá en el Congreso. Y, claro está, en el debate intenso que alimentará la campaña electoral, esta vez de consultas interpartidistas, elección de Senado y Cámara, y primera y segunda vuelta. O sea que el temario ha sido enriquecido con temas muy controversiales y que tocan el bolsillo de ciudadanos y de empresas. Esto le está dando un carácter muy especial a esta campaña electoral.
El mencionado editorial, al salario mínimo, lo denomina “un poderoso incentivo proselitista que ni siquiera pretende ocultar sus tintes populistas”. Y, más adelante, lo descalifica como una “abierta jugada electoral”. Y en el principal titular de primera página de esa edición, se refiere a los decretos que se han dictado al amparo de la Emergencia Económica, como unas decisiones que desatan un pulso fiscal y jurídico. Pero, por lo que escuchamos de la sesión virtual del Congreso, también un dedicado pulso político.
Así comienza el 2026. ¿Un año electoral? Un comienzo cargado de todo tipo de argumentos jurídicos que coparan la atención de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, política y derecho en todo su esplendor.