La Procuraduría General citó a audiencia de juzgamiento disciplinario al general Óscar Atehortúa Duque, director de la Policía Nacional, por las presuntas irregularidades en el proyecto de viviendas fiscales Cenop, en el municipio de San Luis, Tolima.

El llamado a juicio se registró por aparentes faltas en el trámite que dio a las acciones disciplinarias por estos hechos cuando ocupó la Inspección General, y la supuesta extralimitación de funciones y tráfico de influencias en su actual cargo.

En el juicio disciplinario el director de la Policía Nacional deberá responder por cuatro cargos.

En el primero, se cuestiona que, en su calidad de director general del Fondo Rotatorio, pudiera estar incurso en una falta gravísima al haber participado entre el 26 de diciembre de 2014 y el 17 de diciembre de 2015 en la ejecución del contrato 117-3-2011.

A juicio de la Procuraduría, con presunto desconocimiento del principio de responsabilidad, al haber faltado probablemente a su deber de adelantar la revisión sobre la obra ejecutada y velar por la buena calidad del objeto contratado.

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El ente de control cuestiona, en el segundo cargo, que el oficial en su calidad de inspector general de la Policía, entre el 19 de junio y el 13 de diciembre de 2018, no se declarara impedido para conocer el expediente disciplinario P-INSGE-2018-175, relacionado con presuntas irregularidades en la construcción del mencionado proyecto de viviendas fiscales, pese a la eventual existencia de un interés directo.

El tercer cargo que pesa sobre Atehortua es la presunta extralimitación de funciones por haber acudido a un capitán para que verificara la actuación adelantada en el proceso por los hechos de la construcción de las viviendas fiscales, que conocía el Grupo de Procesos Disciplinarios de Primera Instancia de la Inspección General, y le suministrara una línea de tiempo del expediente, lo que constituiría una falta grave.

La Procuraduría también le reprocha al Director General de la Policía que, aparentemente, utilizara de manera indebida la influencia derivada del ejercicio de su cargo, para que el inspector general de esa institución, mayor general William René Salamanca Ramírez, no diera curso a una actuación disciplinaria que estaba adelantando por posibles irregularidades ocurridas en el proyecto Cenop, en la que podía resultar comprometida su responsabilidad.

El ente calificó los cargos en esta etapa del proceso a título de dolo y dio traslado de piezas procesales a la Fiscalía General, para que investigue los hechos que, pese a estar fuera del ámbito disciplinario por prescripción, podrían constituir presuntos delitos que vincularían a quienes intervinieron en la construcción de este proyecto.

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