De forma enérgica, el presidente Gustavo Petro ordenó públicamente la extradición de Andrés Marín Silva, alias Pipe Tuluá, a quien responsabilizó de presuntos intentos de corrupción con el sistema judicial del país.
En una publicación en su cuenta de X, el Jefe de Estado le hizo la vehemente solicitud a su ministro de Justicia, Andrés Idárraga. “Tiene usted la orden del Presidente de la República de Colombia de extraditar al señor alias Pipe Tuluá”, le dijo.
Según mencionó el Mandatario, la decisión se tomó por un presunto intento de “comprar funcionarios públicos -por parte del criminal- con dineros públicos para quedarse”.
En el mismo mensaje, el Presidente fue enfático en diferenciar su apuesta de paz de cualquier negociación que, según él, cruce líneas éticas y legales. “La paz no es una mercancía, la paz es un derecho”, puntualizó.
Es de mencionar que el pasado miércoles el Gobierno Nacional confirmó la extradición de Marín Silva, requerido por delitos de narcotráfico, tras negar el recurso de reposición interpuesto por su defensa que buscaba que el procesado cumpliera primero sus penas en cárceles colombianas antes de ser enviado ante una Corte del Distrito Este de Texas.
El ministro de Justicia encargado notificó la decisión mediante la Resolución Ejecutiva 037 del 26 de enero de 2026, la cual dejó en firme el envío del cabecilla criminal.
El alto funcionario aseguró desde la cárcel La Picota que el trámite administrativo se completó y desestimó las posibilidades de reversar la medida mediante nuevas acciones legales.
“Le queda un recurso que seguirá en trámite, pero, a estas alturas, yo creo que difícilmente se encontrarán argumentos jurídicos que cambien la decisión a propósito de su extradición”, sentenció el jefe de la cartera.
La defensa de Marín Silva argumentó que la orden de entrega inmediata carecía de motivación suficiente al no valorar las sentencias condenatorias ejecutoriadas en Colombia.
El abogado solicitó una “entrega condicionada” para que el requerido pagara primero sus deudas con la justicia nacional por delitos de extorsión, secuestro y homicidio agravado, invocando la protección de los derechos de las víctimas y la soberanía judicial.
El Ejecutivo rechazó la petición al establecer que la facultad de diferir la entrega es “discrecional” y no obligatoria. El documento oficial concluyó que “no resultaba conveniente diferir la entrega” debido al cumplimiento de los requisitos constitucionales y a la necesidad de cooperar en la lucha contra la criminalidad transnacional.
El Gobierno aclaró que esta decisión no vulnera el debido proceso ni la proporcionalidad, ya que Colombia no ha ejercido jurisdicción sobre los hechos específicos de narcotráfico que motivaron el pedido estadounidense.
*Con información de Colprensa.