En medio de las operaciones militares que aún se adelantan en el departamento del Cauca para contrarrestar el accionar de los grupos armados organizados al margen de la ley, integrantes de la Brigada 29 del Ejército Nacional recibieron la presentación voluntaria de un menor de edad que manifestó hacer parte del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, en hechos ocurridos en el municipio de Suárez.
De acuerdo con el reporte oficial, una vez se tuvo conocimiento del caso, los soldados que permanecen en esta parte del norte del departamento activaron de manera inmediata las rutas de atención y protección establecidas por la ley colombiana para la recuperación de los derechos de niños, niñas y adolescentes vinculados al conflicto armado. Así mismo, se dio aviso oportuno a las autoridades competentes, conforme a los protocolos vigentes para este tipo de situaciones.
Con el objetivo de garantizar la integridad física del menor y permitir el desarrollo del debido proceso, unidades del Ejército se desplazaron hasta la zona donde se encontraba el joven. No obstante, durante el procedimiento se presentaron hechos que impidieron la actuación normal de las autoridades y frustraron el proceso de protección.
Según informó el Ejército Nacional, se registró obstrucción a la función pública por parte de algunas comunidades del sector, mientras que de manera simultánea las tropas fueron hostigadas con ráfagas de fusil por integrantes armados de la estructura ilegal Jaime Martínez. Esta situación de alto riesgo obligó a suspender el procedimiento, impidiendo que se concretara la protección del menor.
Finalmente, y en medio de este escenario de tensión, el joven fue llevado en contra de su voluntad por miembros de la comunidad, lo que, según la institución militar, impidió su salida del entorno de riesgo y su entrega a las autoridades competentes para la restitución de sus derechos.
El Ejército advirtió que, como consecuencia de la presión ejercida por las operaciones militares en la zona, este grupo armado ilegal estaría constriñendo e intimidando a la población civil, utilizándola como escudo humano para obstaculizar la acción de la Fuerza Pública y mantener su control territorial en la región.
Por eso, a través de un comunicado oficial, el Ejército rechazó de manera enfática estos hechos, al considerar que atentan contra la legitimidad institucional y vulneran el cumplimiento de la función constitucional de los soldados, quienes, según la entidad, trabajan en la protección de la población civil y en la defensa de los derechos fundamentales, especialmente los de niños, niñas y adolescentes de esta zona del país.
Finalmente, la Brigada 29 reiteró su llamado a las comunidades para que permitan el desarrollo de los procedimientos legales y humanitarios, recordando que la vinculación de menores de edad a grupos armados constituye una grave violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, además de un delito contemplado en la legislación colombiana.