Corte Suprema se prepara para definir llamado a juicio a los congresistas salpicados en el escándalo de la UNGRD

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se prepara para discutir una nueva ponencia del magistrado Misael Rodríguez para el llamado a juicio de cinco congresistas y un excongresista involucrados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Se trata de los congresistas Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Liliana Bitar, Wadith Manzur y Karen Manrique. Mientras que el excongresista es Juan Diego Muñoz. El alto tribunal tomará una decisión este miércoles 4 de marzo del 2026.

Es de recordar que el magistrado Rodríguez a mitad del 2025 puso a votación a sus demás compañeros una potencia que buscaba que estos parlamentarios fueran enviados a la cárcel, tras considerar que había pruebas suficientes de que los seis eran considerados un peligro para la sociedad. Pero esta no prosperó, razón por la cual los acusados han continuado defendiéndose en libertad.

Pese a lo anterior, hay un nuevo acervo probatorio que la Corte ha venido recaudando durante los últimos meses. Uno de esos elementos son interceptaciones telefónicas hacia las líneas de los investigados, las cuales serían clave para pedir nuevamente una medida de aseguramiento.

Otras de las pruebas claves son testimonios como el de la exalta consejera para las Regiones, Sandra Ortiz, quien se encuentra en la cárcel por el caso UNGRD. La exfuncionaria del Ejecutivo afirmó que el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, durante un consejo de ministros emitió una directriz para adoptar a un congresista y direccionar su voto en favor del Gobierno Nacional.

Asimismo, se encuentra el testimonio de Luis Carlos Reyes, el exdirector de la Dian y el exministro de Comercio. Este indicó que en su momento denunció el supuesto manejo irregular del presupuesto del Ministerio de Hacienda cuando era dirigido por Ricardo Bonilla, quien también se encuentra en la cárcel por estos hechos.

“Los congresistas solicitaban cambios en partidas presupuestales (...) para que se direccionaran a entidades en las cuales podían otorgarse contratos a contratistas que dirigían los recursos hacia los congresistas”, explicó Reyes ante la Corte Suprema.

No obstante, la considerada prueba estrella es el contenido del celular de María Alejandra Benavides, la exasesora del exministro Bonilla que tiene negociada una inmunidad total con la Fiscalía para delatar todo el plan criminal en el que presuntamente se negoció de manera ilegal el voto legislativo.

Hasta hoy, los únicos dos excongresistas que se encuentran privados de su libertad por el entramado de la UNGRD son los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle.