Hace unos días el presidente Gustavo Petro sorprendió al país con el anuncio de que las farmacias La Rebaja se convertirían en centros de salud. Posteriormente se conoció que el piloto arrancó en Zipaquirá, Cundinamarca, hecho que ha generado dudas sobre el impacto de esa decisión para la cadena y el real objetivo del Gobierno.
Mientras el Jefe de Estado plantea esa estrategia como una forma de ampliar el acceso a los servicios básicos, expertos y representantes gremiales advierten sobre riesgos financieros, legales y operativos que podrían impactar tanto a la empresa como al sistema nacional de salud.
Uno de los principales cuestionamientos tiene que ver con la viabilidad económica del modelo para La Rebaja.
De acuerdo con Juan Martín Bravo, docente universitario, desde la intervención estatal iniciada en 2022 por la Sociedad de Activos Especiales, SAE, a la cadena de droguerías, la empresa ha registrado un deterioro progresivo en sus finanzas.
“El modelo venía generando superávit pero, tras la intervención, empezaron las pérdidas: $11.000 millones en 2023, $30.000 millones en 2024 y $40.000 millones en 2025. La proyección para 2026 es de $63.000 millones”, señaló.
Según Bravo, este comportamiento estaría relacionado con cambios administrativos y el aumento de los gastos operativos. “Se elevaron los costos administrativos, aumentaron las asesorías y los salarios, mientras que las ventas cayeron”, explica.
Ahora, añade, el Gobierno Nacional emprende este proyecto en el que La Rebaja asume los costos para modificar su infraestructura y convertirse en centro de salud, pero no recibe nada a cambio, según quedó establecido en el contrato que se conoció entre Coopservir, que opera los puntos de las farmacias, y la ESE Hospital Universitario de La Samaritana, que sería la encargada del servicio de salud. “Pretender prestar consulta médica dentro de droguerías desconoce las normas”, plantea Bravo.
Dudas frente al servicio
El médico y experto en políticas públicas en salud Leonardo Briceño Ayala, quien además es director del Grupo de Salud Pública de la Universidad del Rosario, considera que la propuesta del Gobierno, aunque para muchos podría sonar positiva, carece de claridad y estructura.
“Cada vez que uno escucha que van a ampliar algún tipo de servicio en el área de la salud, suena bien: por ejemplo, abrir más centros de atención de baja complejidad. Sin embargo, cuando uno examina la propuesta, faltan detalles. No conocemos una propuesta completa del Gobierno sobre la cual podamos opinar”, señala.
Según explica, uno de los principales vacíos es la falta de definición sobre el nivel de atención que se pretende ofrecer.
“No sabemos qué niveles de complejidad se van a desarrollar. Incluso los servicios más sencillos requieren habilitación, infraestructura, recursos físicos y una estructura legal. No hay información clara sobre esos componentes legales, administrativos, financieros y técnicos”, afirma.
Briceño recuerda que, aunque en el pasado algunas droguerías prestaban servicios básicos, como la aplicación de inyecciones, estos fueron restringidos precisamente por la necesidad de cumplir protocolos y requisitos sanitarios. Por eso, considera que la iniciativa actual plantea interrogantes de fondo.
“Si se va a intervenir una cadena como Drogas La Rebaja, uno pensaría que sería para mejorar la entrega de medicamentos, donde hay fallas importantes. Pero esto tiene un alcance mucho mayor y exige condiciones que hoy no están claras”, explica.
Además, advierte sobre posibles duplicidades y problemas de sostenibilidad en el sistema. “Hay droguerías ubicadas junto a centros de atención primaria. ¿Se van a repetir servicios? Estamos en una crisis donde incluso se están cerrando servicios por falta de sostenibilidad. Esto requiere estudios serios de contexto, financieros y técnicos”.
Similar apreciación da María Cristina Lesmes, secretaria de Salud de Valle del Cauca, para quien en la actual legislación las droguerías no tienen condiciones de prestadores.
“El Gobierno no ha sido claro sobre de dónde saldrán los recursos para remodelar los establecimientos. No conocemos cómo funcionará, cómo se contratará la prestación del servicio. Como todo lo de este Gobierno, no hay una planificación previa. Yo no lo veo viable”, afirma.
Para Jorge Enrique Enciso, miembro del sindicato de médicos, esta iniciativa deja más interrogantes que respuestas. “Lo más importante sería saber qué tipo de consultorios van a abrirse, a quién se va a atender en esos consultorios, quién va a pagar los médicos que atiendan en dichos consultorios. ¿Será que cualquier persona de cualquier EPS podrá acudir allí?”.
Asimismo, el médico señala que queda la duda de si es que “quieren hacer política con la atención primaria en salud en época electoral, diciendo que se le está dando atención a la gente cuando los servicios de urgencia están atestados de pacientes”.
Un retroceso al sistema
Para Luis Jorge Hernández, profesor de la Universidad de Los Andes, esta propuesta constituye un retroceso evidente en la calidad de la atención en salud pública colombiana.
A su juicio, “en vez de fortalecer la red de centros de atención primaria con infraestructura adecuada, equipos diagnósticos y personal especializado, se pretende trasladar la consulta médica a establecimientos comerciales cuya función principal es la venta de medicamentos. Esto no solo diluye el carácter profesional e integral de la medicina, sino que reduce la consulta a un acto comercial rápido y superficial, sin garantías de seguimiento, confidencialidad ni articulación con el sistema hospitalario”.
Para el docente, esta medida, lejos de resolver la crisis de acceso a la salud, consolida un modelo de baja calidad “que expone a los pacientes a diagnósticos apresurados, medicalización innecesaria y, en última instancia, peores resultados en salud. Es un paso atrás disfrazado de innovación: la salud pública merece centros de salud dignos, no mostradores de farmacia”.
Experiencias y viabilidad
Victoria Soto, directora del Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud, Proesa, de la Universidad Icesi, sostiene que esta iniciativa pone sobre la mesa una discusión clave: cuál es el objetivo real de la medida.
“¿Estamos buscando mejorar el acceso, la calidad o integrar esos servicios con la red? Porque dependiendo del foco que se le esté dando a esta política pública, uno puede decir este es mejor frente a lo que nosotros tenemos en este momento”, dijo.
Agregó: “Si el objetivo es mejorar el acceso, hay que reconocer que este tipo de modelos no son nuevos. Por ejemplo, en México ya se desarrolló un esquema de consultorios adyacentes a farmacias que ha logrado ampliar rápidamente la atención. Allá se denominan cabinas que resuelven esos problemas simples, consultas de baja complejidad”.
Sin embargo, explicó que esta política pública lo que se ve que ha resuelto en el contexto mexicano es responder a esas fallas del sistema que tenía en acceso y oportunidad, pero que no obedece a un diseño planificado dentro de la red.
Según Soto, la experiencia deja una lección: estos consultorios resuelven problemas, pero no complejidades; “por lo tanto, tienen una limitación clara y es que no garantizan la continuidad del cuidado y esto en salud es importante. No están integrados a la red de salud y en muchos casos existe un incentivo económico, porque quien da la consulta también vende los medicamentos”.
“En Colombia nos surge la pregunta: ¿esa solución que se está planteando va a resolver los problemas de acceso a los servicios de salud o es una respuesta a problemas estructurales no resueltos? Casi todos los municipios del país cuentan con un centro de salud, lo que da cuenta de que el problema no está en la no existencia de esos puntos de atención, sino que puede obedecer a que se necesita un mejoramiento de esos centros. Entonces, ¿qué es más costo efectivo: crear nuevos puntos de atención en farmacia o fortalecer los servicios existentes’”, anotó.
Para la directora de Proesa, la calidad no depende de abrir más puntos de atención, sino de cómo estos se integran a una red. “Y esto en la iniciativa del Gobierno aún no está claro”.
¿Qué dice Copservir?
El presidente del Sindicato de Trabajadores de Comercio y Drogas de la Rebaja, Deibys Carbonell, se refirió a la propuesta del Gobierno Nacional asegurando que, aunque no se oponen a la iniciativa, existe una profunda preocupación por la falta de claridad frente al futuro laboral de miles de empleados.
Según explicó, el sindicato no tiene objeciones al modelo de dispensación de medicamentos ni a la instalación de consultorios médicos en los puntos de venta. Sin embargo, insistió en que cualquier transformación debe definir quién asumirá la responsabilidad sobre los trabajadores y la operación.
Carbonell señaló que actualmente la administración de los establecimientos está en manos de Copservir, que asume costos como arriendos, servicios y operación, mientras que Drogas La Rebaja, bajo la órbita del Ministerio de Salud, es una entidad distinta.
En ese contexto, planteó dos alternativas: que el Estado asuma directamente el control del negocio mediante una sustitución patronal o que se establezca un nuevo contrato que permita a la cooperativa continuar con la operación comercial.
“El problema es que no nos dan ninguna de las dos opciones. Nos piden entregar todo el conocimiento, los inventarios y la operación, pero no dicen qué va a pasar con los empleados”, afirmó el dirigente sindical.
Y advirtió que esa incertidumbre ha generado alarma entre los cerca de 5300 trabajadores en todo el país, que operan en 982 puntos de venta y cuatro sedes administrativas ubicadas en Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla y Cali.
¿En qué va la reforma a la salud?
Actualmente la reforma a la salud se encuentra estancada en el Senado de la República, luego de la apelación a su archivo en la Comisión Séptima de esa corporación, así que será la Plenaria la que determine si el proyecto retoma su curso o no.
Es de recordar que en una de las últimas sesiones de 2025, la Comisión Séptima del Senado aprobó con ocho votos a favor y cinco en contra la ponencia de archivo del proyecto.
El pasado marzo, en un consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro informó que presentará ante el Congreso un nuevo proyecto de reforma a la salud.
Además, sugirió que las EPS en quiebra deberán ser liquidadas. “Todas las EPS que estén en quiebra se liquidan, dentro o no. Ya no tenemos alternativas”, dijo.