La suspensión provisional del Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, que fijó el salario mínimo legal para el año 2026 en $ 1.750.905, no solo genera incertidumbre en el sector empresarial sino que puede tener efectos políticos.
Luis Fernando Mejía, exdirector de Fedesarrollo, explica que en la práctica el salario mínimo vigente sigue siendo el decretado, mientras el Gobierno expide en máximo ocho días un nuevo decreto transitorio, debidamente motivado, que regirá hasta la sentencia de fondo que deberá tomar el Consejo de Estado, que decidió la suspensión.
“Desde una perspectiva macroeconómica, el fallo no altera de inmediato el choque de costos asociado al aumento del salario mínimo, pero introduce un elemento adicional de incertidumbre, que permanecerá hasta que el Consejo de Estado dicte sentencia. Esto puede traducirse en menores incentivos a la contratación formal y una mayor dispersión en las expectativas de inflación”, dijo.
El alto tribunal dijo que para la determinación del incremento salarial, en el nuevo decreto, el Gobierno Nacional debe aplicar integralmente los criterios legales y constitucionales vigentes, como la meta de inflación fijada por la Junta Directiva del Banco de la República; la productividad certificada oficialmente; la inflación real del 2025; el crecimiento del PIB; la contribución de los salarios al ingreso nacional; la especial protección del trabajo; la garantía de una remuneración mínima, vital y móvil; la función social de la empresa, y los objetivos constitucionales de dirección de la economía.
Para el exministro y rector de la Universidad EIA José Manuel Restrepo, la decisión del Consejo de Estado no cambia en nada el incremento salarial que se dio para 2026, porque lo que le está pidiendo al Gobierno Nacional es un poco de rigor técnico en la manera como justificó el aumento de ese 23 %.
“Tampoco dice que considere que el aumento es inconstitucional, lo que pide realmente es demostrar que está cumpliendo los parámetros de la Ley 278 de 1996”, añade.
Para el analista, lo que seguro sucederá es que el Ejecutivo ratificará el aumento del 23 %, justificará mejor el concepto de salario vital y el Consejo de Estado podrá avalar el incremento.
Pero otra cosa piensa el experto en Derecho de Empresa Sebastián Mejía, quien considera que esta es una situación inédita en el país: “Nunca habíamos vivido una situación jurídica y política como esta, en la que se tomara la decisión de suspender, provisionalmente, un decreto que fijó el alza salarial, por lo que esto genera, en principio, incertidumbre”.
Reitera que, por ahora, seguirá vigente el salario mínimo de $ 1.750.905, hasta que se conozca el nuevo decreto, con un porcentaje transitorio: “Las implicaciones en términos de seguridad jurídica quedan en el limbo, porque debemos esperar la decisión del Gobierno Nacional y también el fallo de fondo del Consejo de Estado, porque no sabemos si al final del ejercicio este tribunal declare ilegal o no el decreto”.
Nicolás Rico, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, comenta que la incertidumbre que hoy enfrentan empresas y trabajadores está directamente ligada a la seguridad jurídica y a la necesidad de tomar decisiones responsables en medio de un entorno político particularmente tensionado.
“Es previsible que surjan múltiples opiniones, muchas de ellas cargadas de lectura electoral, pero lo cierto es que el Gobierno deberá expedir un nuevo decreto dentro del plazo fijado”, puntualiza.
Agrega el académico que con esto se abre un nuevo capítulo de tensión institucional y política. “Lo ideal sería que se convoque nuevamente a los actores sociales para construir consensos, pero también es posible que el Gobierno mantenga su postura. En cualquier caso, el mensaje práctico para el sector empresarial es claro: por ahora no ha cambiado el salario mínimo, y las decisiones deben adoptarse con prudencia, evaluando la realidad particular de cada organización”, destaca.
Asimismo, explica Vicente Umaña, socio de Posse Herrera Ruiz, la quincena que se pague este fin de semana o dentro de los siguientes ocho días se debe cancelar igual y el dinero que ya se pagó no se puede pedir de vuelta a los trabajadores.
Adicionalmente, dice que el nuevo decreto, que deberá expedir el Ejecutivo, no podría tener un alza igual a la de diciembre. “La cifra del nuevo incremento no puede ser igual y específicamente lo dispone la ley y la providencia del Consejo de Estado”, aclara.
También indica que si el alza ya no será del 23 %, ello implicará que se modifiquen los incrementos que se hicieron en las cuotas de administración, las multas, el transporte, todo lo que está indexado al mínimo.
El Consejo Gremial, a su vez, afirmó que respetan y acatan las decisiones de las cortes y que Colombia necesita decisiones que protejan los derechos de los trabajadores y, al mismo tiempo, reconozcan la realidad económica: crecimiento, productividad, informalidad laboral, inflación y capacidad de generación de empleo formal.
“Las decisiones de hoy deben pensar en la Colombia que queremos mañana”, indicaron en un comunicado.
Efectos políticos
Para el exministro José Manuel Restrepo, lo que sí puede suceder con la decisión del Consejo de Estado es que el Gobierno Nacional use esto para hacer campaña electoral, “para la guerra de las narrativas, para decir que hay un problema de lucha de clases. Tristemente una decisión como esta termina siendo un motor que capitalice el Gobierno para la campaña electoral”.
Y efectivamente, la determinación del alto tribunal motivó a los funcionarios del gobierno Petro y a los candidatos del progresismo a rechazar el fallo e invitar a marchar en su contra. “Vamos a ver qué pasará en la campaña, la gente tendrá que decidir quién está a favor de los menos favorecidos o quién está a favor de los dirigentes”, afirmó Armando Benedetti, ministro del Interior.
El candidato a la Presidencia Iván Cepeda dijo que se trata de un nuevo atentado contra las políticas sociales del Gobierno: “Lo único que demuestra es la resistencia a que los sectores que viven en condiciones de desigualdad tengan derechos en Colombia”.
Mientras, algunos candidatos de otras corrientes políticas se han mostrado de acuerdo en que el alza salarial que se hizo del 23 % se mantenga y se creen estímulos a las empresas.