La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) lanzó una alerta por la reducción de recursos en dos proyectos estratégicos del país, decisión que, según el gremio, pone en riesgo cerca de $1 billón en inversiones fundamentales para el desarrollo económico y la integración regional.
La advertencia fue enviada mediante una comunicación oficial a los ministros de Hacienda y Transporte, así como a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Departamento Nacional de Planeación (DNP).
De acuerdo con el comunicado, el Gobierno nacional redujo las vigencias futuras del proyecto Mulaló-Loboguerrero, en el Valle del Cauca, por aproximadamente $340.000 millones, y las del proyecto de Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique, en la región Caribe, por cerca de $636.000 millones. Ambos proyectos hacen parte de las iniciativas priorizadas en el Plan Nacional de Desarrollo y son considerados clave para la competitividad del país y el departamento.
El gremio advirtió que esta disminución de recursos compromete la ejecución de obras esenciales para la conectividad vial, la mitigación de riesgos ambientales y el crecimiento económico regional.
En el caso de Mulaló-Loboguerrero, se trata de una vía estratégica para mejorar la salida del suroccidente colombiano hacia el puerto de Buenaventura, mientras que el Canal del Dique cumple un papel fundamental en la protección ambiental y el desarrollo social del Caribe colombiano.
Además del impacto económico, la CCI alertó sobre la forma en que se tomó la decisión, al señalar que se habría producido una reducción unilateral, pese a que el propio Gobierno había fijado reglas claras para la modificación de las vigencias futuras.
Según el gremio, un decreto expedido el 29 de diciembre de 2025 estableció que cualquier ajuste debía contar con el acuerdo entre las partes involucradas. Sin embargo, apenas dos días después, los recursos fueron reducidos sin el consentimiento de los concesionarios.
Para la Cámara, esta actuación no solo contradice los lineamientos definidos por el Ejecutivo, sino que afecta la confianza en los contratos de infraestructura, incrementa los riesgos legales y financieros para la Nación y envía una señal negativa a los inversionistas.
Ante este panorama, la CCI exhortó al Gobierno Nacional a restablecer las vigencias futuras previstas para 2025 y a garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en proyectos considerados esenciales para el desarrollo del país.
Finalmente, el gremio advirtió que el incumplimiento de estas obligaciones podría derivar en eventuales sanciones disciplinarias y fiscales para los funcionarios responsables.