Los siete procesos clave que deberá resolver la justicia en este 2022

Por su presunta participación en la adjudicación del contrato entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Unión Temporal Centros Poblados, el contratista Emilio Tapia; Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados, y Juan José Laverde, integrante de Rave Agencia de Seguros, fueron imputados por los delitos de falsedad en documento privado por la garantía que presentaron del Banco Itaú, además de fraude procesal por las garantías de cumplimiento y acta de inicio del convenio que debía dotar de internet a las escuelas rurales del país y del cual se encuentran perdidos $70.000 millones. En los próximos meses se espera que estas tres personas sean acusadas por estos delitos e inicie el juicio oral. Sin embargo, en el caso de Tapia todo podría cambiar, pues se presume que aceptaría los cargos que le imputaron para llegar a un preacuerdo con el ente acusador. Por otro lado, y en una nueva línea investigativa, la Fiscalía anunció que el 23 de febrero los empresarios Ottomar Lascarro Torres, Juan Carlos Cáceres y también Duque, Laverde y Tapia serán imputados por los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, de acuerdo con su posible participación en las conductas ilícitas.

Asimismo, una parte fundamental del proceso en este 2022 será lo que determine la Corte Suprema de Justicia con respecto a la entonces ministra de las TIC Karen Abudinen, señalada por haber permitido la selección irregular del contratista.

En las últimas semanas del 2021 la exfuncionaria se presentó ante ese alto tribunal para dar su versión sobre los hechos relacionados con el convenio que ya fue caducado con la unión temporal para la instalación de centros digitales, pero que alcanzó a recibir un anticipo por $70.000 millones, de los cuales todavía se desconoce el paradero.

En un proceso derivado del anterior, la Corte deberá estudiar la denuncia presentada por Abudinen contra la representante Katherine Miranda, por presuntas injuria y calumnia, tras usar su apellido como un insulto.

Aida Victoria Merlano es investigada por el delito de fuga de presos por su presunta participación en la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano, en 2019.

La Fiscalía asegura que cuando la política baranquillera salió de la cárcel no contaba con los elementos que le permitieron escapar por la ventana del consultorio del que huyó, por lo que se asume que le fueron entregados en el lugar de los hechos.

En la acusación se señala que tanto la conocida ‘influencer’ como el odontólogo Javier Cely, quien supuestamente la atendió, planearon y participaron en la fuga de la cuando asistía a una cita en el Centro Médico La Sabana, en Bogotá.

Para la Fiscalía, el apoyo de Aida Victoria fue fundamental para que la huída de su mamá tuviera éxito. En el caso de Cely, se indicó que habría facilitado el escape de la exrepresentante a la Cámara dejándola sola para que pudiera escapar.

Este proceso se encuentra en etapa de juicio oral y se espera que pronto se profiera una sentencia.

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A comienzos de diciembre, la Fiscalía General acusó formalmente ante la Corte Suprema de Justicia al precandidato presidencial Sergio Fajardo por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado, por un préstamo que el entonces gobernador de Antioquia avaló sin prever la devaluación del peso, que le habría generado pérdidas al Departamento por $320.000 millones.

Según el ente investigador, lo anterior terminó en un presunto detrimento fiscal porque, al momento del desembolso el dólar costaba 1926 pesos colombianos, pero en 2015 ya superaba los 3140, lo que aumentó la deuda.

La acusación fue recibida por la Corte Suprema y en este 2022, en medio de la campaña electoral en la cual Fajardo es precandidato, se deberá llevar a cabo el juicio en su contra. De ser hallado culpable, deberá desistir de su intención de ser Presidente de Colombia, puesto que la ley le impediría posesionarse en el cargo. Sin embargo, el antioqueño asegura que es inocente.

En este 2022 deberá resolverse el juicio contra Luis Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), quien tiene un proceso abierto por interés indebido en celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.

Esto, según las autoridades, porque permitió el pago de millonarios sobornos a cambio de que la multinacional Odebrecht se apropiara de manera indebida la obra pública correspondiente a la Ruta del Sol, en el tramo entre Ocaña y Gamarra.

El proceso se encuentra en etapa de juicio oral y se espera que este año se pueda proferir una sentencia condenatoria o absolutoria sobre quien asegura que es inocente.

Pero Andrade enfrenta otro proceso por peculado por apropiación a favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos, el cual se encuentra en la resolución de un recurso de nulidad presentado por la defensa, que buscar evitar que este sea acusado formalmente. También se espera que sea resuelto este año.

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Tras la decisión de la Corte Constitucional de negar la tutela interpuesta por la defensa del expresidente Álvaro Uribe, se mantiene en firme la investigación en su contra por presunto soborno a testigos, que completa casi nueve años, durante los cuales ha estado marcada por demandas, contrademandas, tutelas, recusaciones y cambios de competencia y leyes aplicables a la misma.

Este caso se encuentra desde el 26 de julio de 2021 en manos de un juez que estudia una solicitud de preclusión presentada por el fiscal delegado Gabriel Jaimes, quien considera que no hay elementos suficientes para llamar a juicio al exmandatario.

En la audiencia, además de Uribe, han intervenido el abogado Reinaldo Villalba, representante del senador Iván Cepeda; y el exvicefiscal Jorge Perdomo y el exfiscal Eduardo Montealegre, quienes fueron reconocidos como víctimas en el caso.

El proceso se retomará este jueves 13 de enero, con la intervención del abogado Miguel Ángel del Río, representante de Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve, también reconocida como víctima. Luego intervendrá Laura Valentina Muñoz Osorio, quien el pasado 17 de agosto, por correo electrónico, solicitó ser reconocida como víctima y poder sustentar su petición en una audiencia pública.

Dependiendo de esa decisión, el siguiente en argumentar sería el representante del Ministerio Público, seguido de la defensa del expresidente. Aún pueden faltar varias semanas o incluso meses para que el juez determine si hay lugar o no a la preclusión del proceso solicitada por la Fiscalía.

Esta última diligencia comenzó en abril del año pasado y se ha extendido más de ocho meses, debido a han registrado múltiples solicitudes y situaciones que han demorado su conclusión.

En agosto del 2020 la Corte Suprema de Justicia ordenó el arresto domiciliario en contra de Uribe, luego de lo cual él renunció a la curul que ocupaba en el Senado.

El exmandatario también pidió intervenir en el proceso que le sigue ahora la justicia ordinaria el próximo 10 de marzo.

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Este año, luego de ser extraditado desde España, el empresario colombo español Carlos Mattos tendrá que enfrentarse dos juicios por su supuesta participación en una especie de ‘carrusel de sobornos con los que habría conseguido quedarse con la representación de Hyundai en el país.

El empresario está siendo investigado como presunto responsable de cohecho, por haber entregado presuntamente cien millones de pesos a la jueza 16 civil municipal de Bogotá, Ligia del Carmen Hernández, para que fallara a su favor en un litigio con una compañía ecuatoriana por la distribución de vehículos asiáticos en Colombia.

Aunque han corrido versiones sobre una supuesta propuesta de Mattos para llegar a un preacuerdo con la Fiscalía, que le permitiría eventualmente reducir su pena, el hecho de que él fuera la cabeza de este entramado y lo avanzado que está el proceso en su contra le dan poco margen de negociación con las autoridades.

La defensa de Mattos escalará el caso a instancias internacionales.

Las protestas registradas en varias ciudades del país tanto en el 2019, como el 2020 y el 2021 dejaron varias investigaciones en curso, que han tenido resultados desiguales.

La indagación por la muerte de Dylan Cruz, ocurrida en 2019 pasó buena parte del año pasado en la resolución de un conflicto de competencia entre la justicia penal militar y la ordinaria. Aunque el caso está en manos de la Fiscalía, hasta el momento no se conocen decisiones al respecto.

Sobre los hechos ocurridos en Bogotá el 9 y 10 de septiembre de 2020, luego de la muerte de Javier Ordoñez presuntamente por dos miembros de la Policía, no hay claridad aún de cuántas personas perdieron la vida. Un reciente informe de la ONU reportó que se habrían registrado once fallecimientos, pero de parte de la Fiscalía no hay un informe consolidado.

Frente a las protestas de 2021, la Fiscalía registró 17 homicidios, con 19 presuntos victimarios involucrados, de los cuales 9 serían civiles y 10 integrantes de la Fuerza Pública.