Tras el crimen en Guaviare de Sharik Alejandra Buitrago, de 10 años, el presidente Iván Duque fue el encargado de encender el debate sobre los castigos a violadores y asesinos de menores de edad en el país.

El Jefe de Estado insistió esta semana, como ya lo había hecho en su campaña, que se deben endurecer las penas y aplicar la cadena perpetua a los agresores de niños y niñas como una forma de garantizar sus derechos.

“No puede ser que en nuestro país, según los reportes que muestran distintas instituciones, incluida Medicina Legal, aparezca que los niños están cada vez más expuestos a violaciones o abusos en sus propios entornos familiares”, dijo Duque como justificación para su propuesta.

Esta no es la primera vez que el país centra su atención en este tema y, de hecho, no es la primera vez que Duque, en su calidad de Presidente, insiste en que se avance jurídicamente en este sentido. Ya en 2018 había pedido que las personas que sean condenadas por delitos contra menores reciban mayores castigos, después de conocerse el enfermizo caso del homicidio de Génesis Rúa, en Magdalena.

Además de Duque, otros abanderados de este tema han sido la exconcejal de Bogotá, Gilma Jiménez (Q.E.P.D), y su hija Yohana Jiménez, quien levantó las banderas de su madre luego de su fallecimiento.

Tanto Gilma Jiménez como su hija impulsaron referendos para que los ciudadanos determinaran en las urnas si avalaban con sus votos que se imponga la cadena perpetua a violadores de niños. Las dos iniciativas tuvieron apoyo popular, pero no lograron surtir efectos. Incluso, la iniciativa del 2018 que adelantó Yohana Jiménez tuvo el respaldo del Presidente, pero tampoco le alcanzó para lograr el número de firmas que requería la Registraduría para convocar a un referendo.

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Para el analista Ancízar Marroquín es muy válido que este tipo de debates se den y, sobretodo, que los dé la figura del primer Mandatario, porque eso hace que el tema alcance importancia estatal y de gobierno. Incluso, Marroquín defiende que estas propuestas se hagan en épocas preelectorales.

“La función de un político es debatir sobre temas de interés nacional y, sobretodo, plantear debates sobre temas que estén ‘calientes’ y es válido que lo hagan cuando hay cercanía de elecciones porque eso deja ver en dónde tiene puestos los ojos y eso mide hacia a dónde iría el país y en qué se centraría la conversación en donde la ciudadanía puede opinar”, señala.

Sin embargo, el analista cree que la propuesta hecha por Duque no estuvo bien planteada porque involucra a muchos otros organismos del Estado que no están en capacidad de atender los resultados de un aumento en las penas punitivas.

“Duque propone esto en un país en donde tenemos una justicia muy frágil, un sistema carcelario a punto de colapsar. ¿A dónde se van a meter a los de la cadena perpetua si ni caben los de las otras condenas? El sistema carcelario colombiano no tiene planes efectivos de resocialización, entonces se convierte en un tema de coyuntura sin mucho fondo”, dice.

Marroquín no cree que la propuesta de Duque tenga mucho futuro y la considera “flor de un día” porque asegura que él no ve que haya políticas específicas para esto.

“Veo más la propuesta como una manera de avisar que el Presidente ya regresó al país después de los viajes internacionales que hizo. Es populista, sin duda, en el sentido en el que no viene acompañada del liderazgo del Ministerio del Interior, por ejemplo, no viene reforzada con una reforma al sistema penitenciario y una reforma a la justicia. Creo que Duque usa un instrumento que cala en la gente para hacerse notar, pero tampoco creo que le alcance ese impulso para subir en encuestas”.

En contraste con esta postura, Yohana Jiménez, hija de Gilma Jiménez, dijo que lo principal es garantizar la protección de los niños y añadió que ella no tiene dudas de que al establecerse la cadena perpetua, los agresores “van a pensar dos y más veces antes de cometer estos crímenes”.

Jiménez también rechazó las posturas de que esta propuesta se basa en sentimientos de venganza y revancha que persisten en la sociedad una vez ocurren hechos como el asesinato a través de asfixia mecánica de la pequeña Sharik Buitrago en Guaviare, en la noche del miércoles.

“Nosotros no proponemos torturas ni que les hagan daño a los violadores, solo buscamos que se protejan a los niños y el propósito es evitar que esto ocurra de nuevo porque esas personas están encerradas, lejos de nuestros niños”, argumentó la mujer, quien ya había liderado una recolección de firmas para que se haga un llamado a las urnas.

Jiménez dice que conoce declaraciones de expertos en sicología que han asegurado que un violador de menores tendrá altos niveles de reincidencia en este delito y por eso hace énfasis en que, constitucionalmente, los derechos de los niños están por encima de los de los adultos.

“La reincidencia de los violadores es real y existe y no podemos permitir que una persona que hizo esté afuera y que pueda, incluso, volver a abusar al mismo niño que abusó antes”, añadió Jiménez.

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El abogado Fernando Gómez dice que el problema con este tipo de iniciativas es que la mayor parte del tiempo están basadas en hechos específicos que son muy mediáticos, pero que no existe una política estatal que busque resolver el problema desde sus orígenes.

“En Colombia hay una tendencia a castigar y legalizar todo. Todo se resuelve con más castigos, más cárcel, más control, pero no hay políticas de prevención de los delitos. Parece que cada que hay un caso mediático, la respuesta automática es más cárcel. Eso pasa cuando un conductor borracho arrolla al alguien, cuando hay violencia. Es un poco el caso del Código de Policía, que se ha venido desbaratando porque las soluciones que se dan a los problemas son solo castigo”.

Gómez agrega que estos debates deben darse con mayor altura y argumentos, “yo no conozco estudios que avalen que más cárcel significa menos delitos. Ese argumento se cae muchas veces porque no tiene en qué sostenerse. En Colombia la pena máxima es de 60 años. Miremos el caso de Rafael Uribe Nogera (violador y asesino de Yuliana Samboní). Está condenado a 50 años de cárcel, no va a salir antes de los 80 años de edad, ¿qué ganamos con subirle la pena?”.

Finalmente, Gómez se muestra preocupado porque no hay planes de prevención de este delito, “en la mayoría de los casos de abuso y violación a menores el agresor es un familiar, un conocido o un amigo de la familia. Tenemos que, como sociedad, encontrar acuerdos conjuntos en la academia, el Gobierno y la sociedad civil en general para crear políticas de prevención y educación que eviten que se continúe este círculo vicioso de abuso”, concluyó el abogado.

Más sobre el tema de la cadena perpetua

El tema de la cadena perpetua en el país no ha estado exento de escándalos. Durante la semana se conoció que una comisión compuesta por académicos le dijeron al Gobierno Nacional no insistir en la implementación de esta propuesta, sin embargo, la solicitud llegó a oídos sordos y eso llevó a que el presidente de la Comisión Asesora de Política Criminal del Estado, Ricardo Posada, presentara su renuncia.

Según fuentes cercanas al tema, la semana que viene los miembros restantes de la Comisión se reunirán en la capital del país porque están “muy preocupados” por las razones que llevaron a la renuncia de Ricardo Posada.

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