La mujer había viajado desde Canadá para operarse en Cali. Tenía 44 años y había confiado en una clínica de cirugía plástica que, en el papel, parecía legal. Dos semanas después estaba muerta. En su cuerpo había una sustancia prohibida por la ley colombiana: biopolímeros. Parece un nombre muy sofisticado para lo que en realidad es, líquidos tan peligrosos para la salud como la silicona que venden en cualquier ferretería.
Fue la primera muerte en la ciudad tras una cirugía plástica en 2025. Se registró en marzo. Una visita de inspección de la Secretaría de Salud de Cali ordenó el cierre total del establecimiento. El procedimiento se había realizado en condiciones irregulares, aunque el lugar se presentaba como un centro médico autorizado.
Siete meses después, en octubre, la historia se repitió: Alicia Stone, una detective del Departamento de Policía de Nueva York (40 años), murió en Cali después de practicarse una liposucción y un levantamiento de glúteos.
Cuando los funcionarios de la Secretaría de Salud llegaron al lugar donde fue operada, cerraron sus servicios por incumplimiento de normas. Poco después, fueron subsanadas y el establecimiento reabrió.
—El caso hace parte de un proceso penal en la Fiscalía. La clínica tuvo un cierre parcial temporal porque, pese a que estaba habilitada, no cumplía varias normas. El establecimiento lo corrigió en corto tiempo. El informe final de Medicina Legal no lo tengo. Lo que entiendo es que se presentó una complicación, que es posible que ocurra en cualquier tipo de cirugía invasiva, en los días posteriores a su intervención. Pero el competente para dar el dictamen final es Medicina Legal —dice Germán Escobar, secretario de Salud de Cali.
Michel Stone, el esposo de Alicia, le contó al New York Daily News que antes del procedimiento había hablado con ella. “Estoy perfectamente bien”, le dijo. Un par de días después, un médico lo llamó para advertirle que su esposa había sufrido un paro cardíaco.
En diciembre, apenas un mes después, Orfa Márquez, prima hermana de la vicepresidenta Francia Márquez, falleció tras someterse a una cirugía estética en un centro ubicado en el barrio Ciudad 2000. El lugar no contaba con habilitación sanitaria ni con las condiciones de seguridad que exige la norma, por lo que también fue sancionado.
Durante 2025, la Secretaría de Salud de Cali realizó 84 clausuras temporales de servicios en Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) que no tenían habilitación para prestarlos o no cumplían con las normas. En cien ocasiones hubo suspensión total de los servicios.
En la mayoría de los casos, explica el Secretario de Salud, se trataba de clínicas o IPS que, aunque estaban habilitadas para realizar ciertos procedimientos médicos, no tenían permiso para hacer otros y, aun así, los ofrecían.
—Por ejemplo, hemos encontrado IPS habilitadas para realizar procedimientos no invasivos, pero descubrimos que realizan procedimientos invasivos, lo cual, por supuesto, va contra la norma.
También se han encontrado supuestas clínicas de cirugía plástica que no tenían ninguna habilitación. En el listado de los cierres de servicios realizados por la Secretaría de Salud en 2025 se leen nombres como Aestheticm Group SAS y una casilla: “No habilitado”. Lo extraño es que un año antes también había sido sancionado.
—Funcionaba sin haber realizado el debido proceso —explicaron en el despacho.
Lo mismo ocurrió con un sitio llamado Mágica Escultura y con otro más llamado Butterfly Clínica Estética: no tenían habilitación para operar.
A la Unidad Médico Quirúrgica Santa Clara IPS, la Secretaría de Salud le suspendió los servicios de cirugía plástica, mientras que en Plastikos Cirujanos se hizo un cierre total temporal del establecimiento. En el caso de la Clínica Internacional de Cirugía Plástica, se practicó una clausura temporal por el no cumplimiento de las normas establecidas.
Una investigación de Medicina Legal determinó que entre 2013 y 2023, en Cali murieron 71 personas tras someterse a cirugías plásticas. En 9 casos la causa del fallecimiento fue una “infección del sitio operatorio”; en otros 10, se debió a las intervenciones quirúrgicas múltiples (personas que se hicieron liposucciones, senos y glúteos al mismo tiempo); los biopolímeros causaron 7 muertes y la lipoinyección glútea, 17.
Una fuente que pidió no ser citada contó que, cuando se sometió a que le aplicaran grasa de las piernas en los glúteos, en un sitio de dudosa reputación, “era tanto el dolor que hasta sentía la cánula en la piel; no me aplicaron de forma adecuada la anestesia”.
La investigación de Medicina Legal también determinó que la embolia grasa fue el principal efecto adverso hallado en procedimientos como la lipoinyección glútea. Se trata de una complicación médica grave que ocurre cuando partículas de grasa entran en el torrente sanguíneo y obstruyen vasos vitales, lo que puede derivar en un taponamiento total.
El tromboembolismo pulmonar, una complicación que obstruye los vasos pulmonares por coágulos de sangre, fue el responsable del 21,62 % de los decesos. La mayoría de estos eventos fatales ocurren durante las primeras 24 a 72 horas del posoperatorio, lo que explica la necesidad de un control médico estricto tras la intervención.
En otras palabras, la operación debe hacerse en un sitio especializado, con la infraestructura requerida para los cuidados y cirujanos expertos. Sin embargo, por economía, no son pocos los pacientes que continúan acudiendo a lo que se ha denominado “clínicas de garaje”, justo donde ocurren la mayoría de las muertes por prácticas ilegales.
Son sitios con fachadas de centros de estética o peluquerías que se camuflan en los barrios y no son fácilmente detectables por las autoridades. Aunque bastaría una exploración en redes sociales como el Marketplace de Facebook para encontrarlas. Los precios de liposucciones excesivamente bajos son una pista a seguir.
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El secretario de Salud, Germán Escobar, reconoce que, por lo menos bajo su gestión, no han encontrado como tal una “clínica de garaje”, entendida como una casa o un apartamento donde se realicen cirugías.
Sin embargo, advierte que la Secretaría de Salud tiene limitaciones para el control de estos sitios: sus funcionarios visitan las IPS registradas; las de garaje, por supuesto, no lo están.
—Me tocaría tener detectives. Es muy difícil rastrearlos —escribió por WhatsApp después de que le compartí un anuncio en Facebook en el que se promociona una lipoescultura en cinco millones de pesos, un procedimiento que, si se hiciera con un cirujano experto, en una clínica de alta calidad, costaría en promedio 20 millones.
Otro detalle de la publicación es que la foto del perfil del anunciante es una caricatura, no una imagen de algún cirujano que responda por la calidad de los servicios prestados. Tampoco hay dirección: “Nos ubicamos en Tequendama”, pero la ubicación es aproximada, y en el mensaje se añade que la valoración del paciente se hace “a través de fotos”.
Alfonso Riascos, uno de los cirujanos plásticos más reconocidos en Cali, explica que en parte el problema es que no hay ningún tipo de control sobre la publicidad que se hace en redes sociales.
Cualquiera puede diseñar una pieza, pautarla en Facebook o Instagram y venderse como un experto en cirugías plásticas.
—Una liposucción en cinco millones de pesos debería ser una bandera roja para cualquier paciente. Un precio tan bajo indica que el sitio no tiene las condiciones, los medicamentos ni el personal idóneo para hacer este tipo de procedimientos, porque las cirugías plásticas no son baratas. En mi caso, si yo me fuera a operar, lo haría en un sitio que tenga cuidados intensivos, por precaución —comenta.
El doctor Riascos compara el riesgo con subirse a un avión.
—No es lo mismo volar en una aeronave en perfectas condiciones, con un piloto experto, que en un avión con fallas. Esa es la diferencia entre operarse en una clínica reconocida o hacerlo, por economía, en sitios clandestinos.
Un especialista que pidió no ser identificado añade que cada vez más pacientes llegan a Cali a realizarse cirugías plásticas porque perciben la ciudad como un lugar seguro, lo que es cierto si se acude a centros autorizados, pero también accesible económicamente en comparación con Bogotá o Medellín.
Sin embargo, esa misma reputación facilita que centros irregulares aparezcan en los buscadores y se presenten como opciones confiables.
—Esto hace que las clínicas de garaje pasen desapercibidas. Incluso a nivel de precios, hay clínicas habilitadas que ofrecen tarifas dos y hasta tres veces más bajas. Por eso es necesario ponerles atención, revisar qué tipo de procedimientos están realizando, en qué condiciones y con qué personal.
En una investigación adelantada en 2024, la Corte Constitucional determinó, además, que personal sin formación médica, como esteticistas, aplicaba biopolímeros en sitios no aptos, como centros de estética.
—Lo más fácil es culpar al ente regulador, pero hay que entender la dimensión del problema. En Cali existen cientos de casas y apartamentos donde podrían funcionar clínicas ilegales, y la Secretaría de Salud no tiene el presupuesto ni el personal para revisarlo todo. Aun así, son muy juiciosos con quienes estamos registrados: las exigencias son altas y los controles, constantes. El problema es que solo pueden vigilar a quienes están en el sistema; las clínicas de garaje operan por fuera de cualquier control. Una alternativa sería que la ciudadanía pudiera reportar cuando detecta actividades sospechosas en sus barrios —dice la doctora Lina Triana, presidenta de la Asociación Colombiana de Clínicas de Cirugía Plástica (Asocliper).
Otro problema es que en la ley colombiana hay una zona gris que permite que cualquier médico realice cualquier cirugía. Es decir, un doctor con un diploma que lo acredite como médico general podría hacer una cirugía plástica. Pero no todos los médicos están especializados como cirujanos plásticos, y aun así algunos se atreven a realizar estos procedimientos.
En 2025 la Fiscalía condenó a once médicos que acreditaron sus especializaciones en cirugía plástica en una universidad de Brasil con documentos falsos.
En ocasiones, sin embargo, el deseo de operarse es tan intenso que los pacientes prefieren ignorar las alertas o no hacer las verificaciones pertinentes.
El doctor Alfonso Riascos recuerda el caso de una paciente a la que le había operado el busto. Luego quiso hacerse una liposucción y aumentar los glúteos, pero él le explicó que no tenía suficiente grasa para lograr ese resultado.
—Ella me dijo que sus amigas sí se lo habían hecho. Le advertí que probablemente se trataba de biopolímeros, que están prohibidos, y que yo no realizo ese tipo de procedimientos. La paciente se fue y decidió hacerlo por su cuenta. Un mes después regresó con los glúteos enrojecidos y una infección severa. Le habían aplicado silicona industrial. Hay pacientes cuyo deseo de operarse es tal, que no atienden ninguna alerta. En muchos casos existen presiones de pareja: después de los hijos, algunas mujeres sienten que ya no se ven igual y creen, de manera equivocada, que una cirugía puede salvar el matrimonio.
La Corte Constitucional ya advirtió que en Colombia es frecuente la violencia estética, es decir, una presión social —especialmente sobre las mujeres— para ajustarse a determinados estándares de belleza.
En los casos analizados por el alto tribunal, varias mujeres afirmaron que sus decisiones de someterse a cirugías plásticas fueron impulsadas o financiadas por sus esposos, o sugeridas por amigas en momentos de vulnerabilidad emocional, como un divorcio. La cirugía aparece como una forma de “subirse el ánimo”, y eso no distingue estrato social. Por ello, quien ofrece un procedimiento que cuesta $ 20 millones por mucho menos de la mitad resulta tan tentador.
El cuerpo, en la sociedad actual, es parte del autoestima; la apariencia se asocia al éxito, al valor personal, a la aceptación, en una cultura donde además nos comparamos a diario en las redes sociales.
Así que detrás del auge de las clínicas de garaje o de aquellas que no cumplen las normas se oculta, entonces, una enorme economía del deseo que empuja a muchas personas —sobre todo mujeres— a asumir riesgos extremos en nombre de un ideal estético. Una ruleta donde cada año se siguen perdiendo vidas.