La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció el inicio de una investigación administrativa formal contra la cadena Farmatodo. La Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor tomó la decisión tras detectar posibles infracciones al Estatuto del Consumidor, vinculadas a la información de precios y al ejercicio de derechos ciudadanos.
La autoridad nacional basó su determinación en un análisis exhaustivo de quejas y actuaciones de oficio que incluyeron la revisión del portal web de la firma.
Según el reporte oficial, entre los años 2024 y 2025 se contabilizaron aproximadamente 1.300 peticiones, quejas y reclamos relacionados con irregularidades en los cobros.
Entre las denuncias más recurrentes de los usuarios se encuentran dobles cobros, transacciones no identificadas y pagos duplicados. Estas situaciones llevaron a la entidad de control a evaluar si la compañía ha vulnerado el deber de garantizar servicios idóneos y de alta calidad en sus plataformas de pago.
Pliego de cargos: cobros superiores y trabas al derecho de retracto
La Dirección de Investigaciones formuló pliego de cargos contra Farmatodo centrándose en tres comportamientos específicos. El primero se refiere a fallas en la calidad del servicio de pago, que habrían derivado en múltiples cobros por una sola transacción, afectando directamente el bolsillo de los compradores.
Asimismo, la SIC investiga el presunto cobro de precios superiores a los informados al público en determinados productos. Esta conducta supondría un desconocimiento de la obligación legal de respetar el precio anunciado, principio fundamental de transparencia en las relaciones de consumo en el país.
El tercer punto del pliego de cargos señala un presunto condicionamiento del derecho de retracto. De acuerdo con la Superintendencia, Farmatodo habría exigido la presentación de la factura de compra para procesar estas solicitudes, lo cual constituye una carga adicional no prevista en la normativa vigente del Estatuto del Consumidor.
Garantías en el proceso y defensa de la sociedad
Esta actuación administrativa se enmarca en la política de la actual superintendente, Cielo Rusinque, orientada a promover mercados seguros y transparentes. La entidad busca determinar si la cadena de farmacias ha impuesto barreras injustificadas que limitan la libertad de los consumidores para desistir de sus compras.
Con la apertura formal de este expediente, la Superintendencia de Industria y Comercio garantizará el derecho de defensa de Farmatodo. La sociedad investigada podrá presentar los argumentos y las solicitudes probatorias que considere pertinentes para justificar sus procedimientos internos ante la autoridad competente.
Este artículo fue creado con ayuda de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista especializado de El País.