La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar para esclarecer las denuncias de presunta corrupción en el Fondo Adaptación, ventiladas por Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Según reveló la revista SEMANA, el ente de control disciplinario tomó la decisión tras las declaraciones que Carrillo entregó en una entrevista el pasado 23 de abril, en la que alertó sobre supuestos hechos irregulares en el fondo que administra Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia.
Las inconsistencias señaladas se relacionan con el contrato 385-2025-l, cuyo objetivo es “recuperar la dinámica hídrica del río Cauca en La Mojana”, celebrado entre el Fondo Adaptación y el consorcio Dinámicas Hídricas Mojana 2025.
De acuerdo con las denuncias, funcionarios del Fondo habrían exigido al contratista Freddy Alejandro Covilla, representante legal del consorcio, un pago equivalente al 10 por ciento del valor total del negocio, cifra que asciende a 13.597 millones de pesos.
El supuesto cobro se habría planteado como condición para que el Fondo realizara el desembolso del 37 por ciento estipulado en el contrato al segundo mes de ejecución.
Asimismo, la Procuraduría ordenó recopilar pruebas y documentos que permitan verificar la veracidad de las denuncias. Entre los requerimientos figuran la copia del contrato, los informes de supervisión que justificaron los pagos al contratista, los certificados de desembolsos realizados y los documentos presentados por el consorcio para participar en el proceso contractual.
De igual manera, citó a Carlos Carrillo para que, bajo juramento, concrete los hechos que puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y que estarían relacionados con irregularidades en la ejecución del contrato.
La indagación tendrá una duración inicial de seis meses, tiempo en el cual la Procuraduría revisará testimonios, material documental y demás evidencias que permitan identificar o individualizar a los presuntos responsables.
Durante el proceso se busca determinar si existieron exigencias económicas indebidas y si estas afectaron la transparencia en la ejecución de un proyecto clave para la recuperación ambiental y social de La Mojana.
Con esta decisión, el ente de control disciplinario abre un nuevo capítulo en torno a las denuncias de corrupción que han rodeado la gestión de recursos públicos en el país, en especial aquellos destinados a atender emergencias y proyectos de adaptación frente al cambio climático. De esta manera, el Fondo Adaptación deberá entregar explicaciones debido a su administración frente a los señalamientos hechos por Carrillo.