Denuncia por extorsión hecha por Angie Rodríguez sacude a círculo cercano del presidente Gustavo Petro; contó detalles de los chats

Una grave denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la Nación por la exfuncionaria del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y actual gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, sacudió esta semana los círculos más cercanos al Gobierno, luego de que la exasesora, considerada en su momento una de las figuras más influyentes de la Rama Ejecutiva, asegurara haber sido víctima de un entramado de extorsión que involucraría el uso indebido de información reservada.

De acuerdo con su relato, los hechos comenzaron con la aparición de contactos desconocidos a través de WhatsApp que afirmaban tener acceso a datos sensibles de su despacho.

Estas personas, según explicó, hacían referencia a asuntos que solo podían ser conocidos por quienes tenían acceso directo a su trabajo, lo que despertó sospechas sobre posibles filtraciones internas.

En su denuncia, que fue compartida en exclusiva por Semana, Rodríguez señaló directamente a Miguel Ángel Ospino Romero, exasesor del Fondo Adaptación, como la persona que, presuntamente, estaría vinculada con la divulgación de información confidencial a actores políticos de oposición.

El caso escaló el 6 de febrero de 2026, cuando Rodríguez recibió un mensaje a través de WhatsApp de un individuo que se identificó como “mensajero”.

“Comenzaron a llegar contactos de individuos desconocidos que afirmaban, de un lado, poseer información valiosa para mí y, de otro lado, mencionar asuntos que conocía exclusivamente por sus funciones, situación que más adelante derivó en la extorsión que aquí denuncio”, aseguró la exfuncionaria.

Y luego procedió a contar lo que sucedió, “Este individuo afirmó poseer un dispositivo electrónico supuestamente perteneciente a un alto funcionario del Fondo Adaptación, en el cual obrarían conversaciones de WhatsApp y documentos oficiales que vincularían a dicho servidor público como ‘topo’ de sectores políticos de oposición, haciendo mención expresa de los nombres de Carlos Carrillo y el senador Ciro Ramírez”.

Más adelante, según Rodríguez, el interlocutor exigió inicialmente 50 millones de pesos a cambio del dispositivo, acompañando su solicitud con material audiovisual que, supuestamente, demostraba la veracidad de la información.

Así, bajo presión y en medio de temor por posibles represalias, Rodríguez accedió posteriormente a pagar 20 millones de pesos, luego de que el monto fuera reducido.

“El sujeto señaló que el precio por el dispositivo físico era de ‘cincuenta de los grandes’. Argumentó que era urgente actuar, pues de lo contrario la información podría caer en ‘manos que no son’. Acto seguido, enviaron un video con los chats que se anexan o material como supuesta ‘muestra’ del contenido del dispositivo. Ante tal evento y producto del miedo intenso que me generó tal amenaza, sentí que mi único camino, frente a esto, era la de acceder a sus pretensiones", confesó la funcionaria.

Cabe decir que, antes del pago, el hombre habría sido muy insistente y llegó a amenazarla. “Estás durmiendo con el enemigo”.

“Nuevamente ofreció el dispositivo, esta vez enfatizando que la suma acordada era de ‘veinte de los grandes’ (veinte millones de pesos)”, precio que, como ya se ha dicho, pagó.

Sin embargo, el dispositivo nunca fue entregado y, por el contrario, las amenazas continuaron.

En mensajes posteriores, el extorsionista advirtió sobre la posible divulgación de información comprometedora en medios de comunicación, incluyendo a Revista Semana y W Radio, con el objetivo —según la denunciante— de afectar su reputación y presionarla a realizar nuevos pagos.

Rodríguez afirmó que incluso recibió intimidaciones que insinuaban posibles ataques contra ella y su entorno familiar, lo que agravó su estado de zozobra.

En uno de los intercambios, el extorsionista le sugirió obtener dinero de recursos privados, luego de que ella rechazara utilizar fondos públicos, argumentando que estos “son sagrados”.

“Amenazó con divulgar información comprometedora a medios de comunicación, específicamente mencionando a Revista Semana, W Radio y al político Carrillo, señalando que dicha información ‘la llevaría a la cárcel’. Si bien es cierto que existe una exposición mediática por mi oficio como servidora pública, mi temor siempre ha sido el de las represalias que se pudiesen dar contra mí, mi familia y mi círculo más cercano”, aseguró ella.

A pesar de la presión, la exfuncionaria decidió no realizar un segundo pago y optó por acudir a las autoridades. Según su testimonio, las amenazas no han cesado.

“Indicó tener un ‘plan B listo’ en caso de que yo no procediera a pagar. Entendiéndose como si esto se tratara de un posible atentado contra la integridad física de todos nosotros, las víctimas. Ante mi manifestación de miedo y la referencia a amenazas de muerte previamente recibidas en contra de mi hijo, mis padres y el resto de las personas allegadas a mí, el sujeto desestimó dichas amenazas afirmando e insistió en que ‘lo material se recupera’ para presionarme a pagar. Me solicitó que acudiera a ‘recursos del Fondo’ para obtener el dinero, a lo cual respondí que ‘los recursos públicos son sagrados’, y que me presionara a obtener dinero de fuentes privadas o amigos. Fijó un plazo perentorio: debía pagar antes del cierre bancario del mismo 15 de abril de 2026, bajo la amenaza expresa de ‘actuar’ de no recibir el dinero”, concluyó Rodríguez.