El Gobierno solicitó formalmente a las autoridades de Estados Unidos la entrega inmediata de la información completa y los soportes documentales que permitan identificar al denominado “Funcionario Colombiano 3”, un alto cargo de la Rama Ejecutiva que habría recibido pagos corruptos relacionados con el caso Odebrecht entre los años 2010 y 2018.
La solicitud se oficializó a través de una carta firmada por el ministro de Justicia y del Derecho encargado, Andrés Idárraga, y fue dirigida directamente a la fiscal general de los Estados Unidos, Pamela Jo Bondi, en Washington, así como al juez jefe de la Corte para el Distrito de Maryland, George L. Russell III.
En la misiva, el funcionario colombiano explicó que esta petición se enmarca dentro de la búsqueda de la verdad y la lucha contra la corrupción que adelanta el país, razón por la cual urgió la cooperación internacional para esclarecer los nombres que aún permanecen ocultos en los expedientes judiciales norteamericanos.
El Ministerio de Justicia fundamentó su requerimiento en el Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido (DPA) que se suscribió el pasado 1 de agosto de 2023 entre la Corporación Financiera Colombiana S.A. (Corficolombiana), el Grupo Aval Acciones y Valores S.A. y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Dicho instrumento legal detalló las violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) que ocurrieron durante la ejecución del proyecto vial Ruta del Sol, una obra desarrollada por una concesionaria integrada mayoritariamente por la firma brasileña Odebrecht y su socio local Corficolombiana.
Lo que encendió las alarmas en el Gobierno fueron los hechos jurídicamente relevantes plasmados en ese acuerdo, los cuales aluden a la participación criminal de un alto funcionario de la Rama Ejecutiva del Gobierno colombiano.
En los documentos procesales de Estados Unidos, a esta persona se le denominó sistemáticamente como el “Funcionario Colombiano 3” y se especificó que ejerció sus funciones públicas entre los años 2010 y 2018, un periodo crítico para la infraestructura nacional.
Para el Gobierno colombiano resulta fundamental lograr la individualización de esta persona señalada como beneficiaria de sobornos, especialmente porque el texto del acuerdo precisó que su identidad ya es conocida por las autoridades competentes de los Estados Unidos.
Bajo este argumento, el ministro Idárraga solicitó que se suministre al Ministerio de Justicia, o subsidiariamente a la Fiscalía General de la Nación, toda la información sobre dicho individuo.
El objetivo final es obtener los soportes documentales a partir de los cuales la justicia norteamericana estableció quién es el “Funcionario Colombiano 3” para que responda ante las autoridades correspondientes.
Con información de Colprensa.