El Gobierno Nacional prepara una contribución extraordinaria del sector eléctrico para financiar las medidas ambientales y de gestión del riesgo destinadas a enfrentar la emergencia por inundaciones en el norte del país, mediante un aporte adicional del 2% sobre las ventas brutas de energía por generación propia durante seis meses.
La medida quedó consignada en un proyecto de decreto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que se encuentra a la espera de la firma presidencial y que, por tratarse de una disposición adoptada en el marco del estado de excepción, será objeto de control automático por parte de la Corte Constitucional.
El aporte aplicará a las empresas generadoras hidroeléctricas y termoeléctricas ubicadas en cuencas afectadas en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, donde el Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, mediante el Decreto 150 de 2026.
Según explicó la ministra de Ambiente (e), Irene Vélez, la decisión responde a la alteración “súbita, simultánea y extraordinaria” de la dinámica hídrica en esas cuencas, que exige recursos inmediatos para prevenir la extensión de los daños y ejecutar acciones de recuperación ambiental.
Los recursos serán transferidos a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR) de las jurisdicciones afectadas y deberán destinarse exclusivamente a proyectos de gestión del riesgo y restauración ecosistémica.
El Ministerio publicará en un plazo de 15 días los lineamientos técnicos para orientar la priorización de intervenciones, con base en criterios como magnitud del daño, urgencia, impacto ecosistémico e integralidad de cuenca.
El decreto establece que las CAR deberán estructurar los proyectos en articulación con la cartera ambiental y coordinar acciones interjurisdiccionales cuando la magnitud del impacto lo requiera, con el fin de asegurar trazabilidad y transparencia en la ejecución de los recursos. El Gobierno precisó que la contribución no constituye un nuevo impuesto, sino una ampliación transitoria de las transferencias del sector eléctrico previstas en el artículo 45 de la Ley 99 de 1993, que tienen carácter compensatorio por el uso de recursos naturales.
La medida no modifica de manera permanente el régimen ordinario de dichas transferencias. En el caso de las hidroeléctricas, el Ejecutivo argumentó que la estabilidad de ríos y cuencas es condición directa para la continuidad del servicio público de energía, por lo que la recuperación ambiental también protege la sostenibilidad del sistema eléctrico.
Además del aporte extraordinario, el proyecto de decreto contempla otras ocho medidas, entre ellas la adopción urgente del componente de gestión del riesgo en los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCA), disposiciones transitorias sobre rondas hídricas, acciones de restauración ecológica y un procedimiento abreviado para trámites ambientales asociados a agua y saneamiento.
Seis de estas iniciativas dependerán directamente de los recursos adicionales provenientes del sector eléctrico, en un contexto en el que las lluvias intensas han provocado afectaciones en infraestructura, ecosistemas y comunidades ribereñas de los departamentos cobijados por la declaratoria de emergencia.