Inundaciones en Córdoba reavivan cuestionamientos a hidroeléctricas; sector eléctrico sale a explicar

En medio de la fuerte emergencia que están afrontando varias regiones del país a causa de las lluvias, revive la polémica por el papel de las hidroeléctricas durante la temporada invernal.

Un reciente reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) expuso que 16 departamentos presentan afectaciones, dejando un saldo preliminar de 22 muertos, 104 municipios impactados y 69.000 familias afectadas.

Frente a este panorama, voces en redes sociales y comunidades afectadas cuestionaron si la operación de los embalses contribuye o no a agravar las crecientes de los ríos.

Entre las críticas está el candidato por la Cámara de Bogotá, Francisco Castañeda, quien afirmó en redes sociales que la magnitud de la tragedia que está viviendo la región se basa en el “cambio climático y la infraestructura de represa”.

A su vez, el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (Conpa) afirmó que “no fue solo un “desastre natural”. Durante años, líderes y lideresas de Córdoba advirtieron el daño del megaproyecto (embalse) Urrá sobre el río y las comunidades”.

Ante este escenario, Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), gremio que agrupa a las empresas generadoras de energía, salió al paso de las críticas.

En medio de las críticas por el aumento de descargas del embalse y el potencial de energía perdido, Gutiérrez explicó que los embalses no funcionan de manera arbitraria ni realizan descargas sin justificación, sino que operan bajo reglas estrictas definidas y vigiladas por el Estado.

“Los embalses destinados a la generación de energía no operan de forma arbitraria ni ‘botan agua gratuitamente’. Cumplen tres funciones esenciales: regular los ríos, generar energía y reducir riesgos de inundación, bajo reglas estrictas vigiladas por el Estado”, afirmó la funcionaria en redes sociales.

Cada embalse, precisó, se maneja de forma autónoma según sus condiciones hidrológicas, ambientales y de seguridad, pero siempre dentro de una planeación oficial basada en pronósticos de lluvias, niveles seguros y demanda de energía.

“Es importante aclararlo: verter agua implica dejar de generar energía y perder ingresos. No existe incentivo económico para hacerlo. Los vertimientos no son decisiones discrecionales, sino obligaciones técnicas”, añadió.

La presidenta de Acolgen explicó que solo se realizan descargas cuando los embalses alcanzan niveles máximos y se convierten en una obligación técnica para garantizar la seguridad de la infraestructura y de las comunidades aguas abajo.

“Los embalses actúan como amortiguadores de crecientes. Sin ellos, las lluvias intensas propias del invierno provocarían inundaciones mucho más severas. Y la evidencia científica internacional lo confirma: los embalses con capacidad de regulación reducen de forma significativa el riesgo de inundaciones, incluso en escenarios de cambio climático”, declaró Gutiérrez.

En el caso de Colombia, “en la cuenca del río Sinú, el embalse de Urrá ha controlado más del 96 % de las crecientes en los últimos 25 años, reduciendo el riesgo para la región”.

Finalmente, reconoció que no toda el agua disponible puede transformarse en energía, debido a límites técnicos, ambientales y de seguridad.