Este jueves 18 de diciembre, la magistrada Aura Alexandra Rosero, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, definirá si envía a prisión domiciliaria a los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, investigados por el direccionamiento de contratos dentro de la Unidad de Gestión de Riesgo (Ungrd) y del Instituto Nacional de Vías (Invías).
En la imputación de cargos, la Fiscalía citó las declaraciones realizadas por el exdirector de la Ungrd, Olmedo López; el exsubdirector, Sneyder Pinilla; y la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides.
Ambos exministros fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.
Cabe mencionar que la Procuraduría, así como lo hizo la Fiscalía, solicitó enviar a prisión domiciliaria a los presuntos implicados.
Para la Procuraduría, por las pruebas que existen en el caso, no hay ninguna otra medida (detención en centro carcelario o libertad), que sea aplicable en contra de los exministros. Y esa debe cumplirse con restricción de visitas y de comunicaciones.
“Sería necesaria en la medida en que ninguna otra parece potencialmente apropiada para evitar posibles interlocuciones, además de proporcional”, dice la Procuraduría.
La Fiscal del caso dijo que Bonilla y Velasco “lideraron, promovieron y encabezaron la organización criminal, impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva dando órdenes, coordinando reuniones y supervisando las gestiones ilícitas al interior del Invías y la Ungrd, con el fin de cumplir con los compromisos delictivos previamente adquiridos con los congresistas”.
Según el ente acusador, los exministros se comprometieron a entregar 79 proyectos a senadores y representantes de la Cámara que en su totalidad sumaban $612.000 millones, pero solo siete de esas iniciativas se concretaron.
“Ustedes, Luis Fernando Velasco Chávez, entonces ministro del interior, y Ricardo Bonilla González, para la data ministro de Hacienda y Crédito Público, se concertaron entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas para cometer delitos contra la administración pública con el fin de asegurar las mayorías que les permitieran la aprobación de proyectos de ley del Gobierno Nacional”, señaló en su momento la fiscal del caso.
Tanto Bonilla como Velasco, rechazaron los cargos, cuestionando la credibilidad de los testigos citados por el ente investigador.
Al parecer, la Fiscalía tendría pruebas que demostrarían que Velasco buscó seducir con contratos jugosos a congresistas para impulsar la reforma pensional; mientras que Bonilla habría ordenado a su exasesora María Alejandra Benavides la asignación de al menos tres contratos que sumaron $92.000 millones, destinados a los municipios de Cotorra, en Córdoba; Saravena, en Arauca: y en El Carmen de Bolívar.