Detención domiciliaria en contra de los exministros Bonilla y Velasco fue avalada por la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación avaló la emisión de medida de aseguramiento domiciliaria en contra de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.

Dicho aval fue emitido el 15 de diciembre de 2025, y la Procuraduría sustentó esta decisión en la necesidad de proteger el proceso penal.

“La solicitud de la medida y los fines constitucionales a los que se ligan pretenderían evitar el relacionamiento de quienes hoy no ostentan un cargo oficial, pero tienen, dice la Fiscalía, una influencia política de tal magnitud que puede incidir en los funcionarios o contratistas que hoy se encuentran pendientes de vinculación formal a la investigación. La medida en su residencia con restricción de visitas y comunicaciones resultaría idónea y sería necesaria”, dijo el procurador delegado.

El génesis del proceso

María Cristina Patiño, fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, pidió detención domiciliaria para los ex ministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, investigados por actos de corrupción.

Los delitos que se les imputa a los ex funcionarios son los de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.

El pedido de arresto domiciliario fue hecho por la fiscal Patiño en la audiencia que se llevó a cabo este lunes ante el Tribunal Superior de Bogotá.

Patiño señaló que Bonilla y Velasco habría hecho parte de un entramado criminal cuyo propósito fue desviar contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y del Instituto Nacional de Vías (Invías) para ofrecerlos a congresistas, con el fin de que impulsarán proyecto del Gobierno en el Legislativo.

Según el ente acusador, los ex ministros se comprometieron a entregar 79 proyectos a senadores y representantes de la Cámara que en su totalidad sumaban $612.000 millones, pero solo siete de esas iniciativas se concretaron.

La Fiscal del caso dijo que Bonilla y Velasco “lideraron, promovieron y encabezaron la organización criminal, impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva dando órdenes, coordinando reuniones y supervisando las gestiones ilícitas al interior del Invías y la Ungrd, con el fin de cumplir con los compromisos delictivos previamente adquiridos con los congresistas”.

“Plantearon —añadió la Fiscal— las líneas bases del modus operandi que en groso modo consistieron en comprar congresistas, a través de la entrega de contratos, cuyos recursos provenían del erario a cambio del apoyo de los parlamentarios a los proyectos del Gobierno”, detalló.

La Fiscalía tendría pruebas que demostrarían que Velasco buscó seducir con contratos jugosos a congresistas para impulsar la reforma pensional; mientras que Bonilla habrá ordenado a su exasesora María Alejandra Benavides la asignación de al menos tres contratos que sumaron $92.000 millones, destinados a los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar).

Con información de Colprensa*