La intención del Gobierno Nacional de declarar una emergencia económica, tras el archivo de la reforma tributaria en el Congreso, ha generado una ola de reacciones críticas por parte de gremios empresariales, expertos tributarios y dirigentes políticos, quienes cuestionan la legalidad de la medida y alertan sobre sus efectos económicos y sociales.
Uno de los pronunciamientos más contundentes provino de FENALCO, cuyo presidente, Jaime Alberto Cabal, calificó la eventual declaratoria como una “pésima decisión” y aseguró que no cumple los requisitos constitucionales, al no existir hechos sobrevinientes, extraordinarios o imprevisibles que amenacen de forma inminente el orden económico o social del país.
Según el gremio de los comerciantes, el rechazo del Congreso a una reforma tributaria no constituye una causal válida para activar poderes excepcionales del Ejecutivo, pues hace parte del funcionamiento normal del sistema democrático.
En ese sentido, Cabal sostuvo que la falta de recursos pudo haberse enfrentado mediante reducción de burocracia, control del gasto y mayor austeridad, en lugar de acudir a una figura extraordinaria.
“El bolsillo de los colombianos no aguanta más”, advirtió el líder gremial, al señalar que resulta contradictorio exigir mayores recursos a la ciudadanía cuando persisten cuestionamientos sobre la ejecución presupuestal, la eficiencia del gasto público y la transparencia en la gestión estatal.
Desde el sector empresarial, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, también expresó reparos frente a la eventual declaratoria, al considerar que este tipo de anuncios incrementan la incertidumbre económica y afectan la confianza de los inversionistas en un momento sensible para el país.
A estas críticas se sumó el análisis de Juan David Velasco, socio de Impuestos de Baker McKenzie Colombia, quien advirtió que una emergencia económica basada en la caída de una ley de financiamiento plantea serios cuestionamientos de constitucionalidad.
El experto recordó que las medidas tributarias adoptadas por decreto estarán sujetas a un control constitucional estricto y no pueden reemplazar la reserva de ley en materia impositiva.
En el ámbito político, el exministro de Hacienda y candidato presidencial Mauricio Cárdenas lanzó una dura crítica al Gobierno y alertó que, bajo el argumento de la emergencia, se estaría intentando imponer nuevos impuestos “por la puerta de atrás”, por un monto cercano a 16,5 billones de pesos.
Según Cárdenas, el solo anuncio ya genera daño económico, desconfianza y volatilidad, afectando la inversión, el empleo y la estabilidad fiscal.
Cárdenas insistió en que el Ejecutivo sí cuenta con alternativas para enfrentar el déficit fiscal, como el recorte del gasto público, y cuestionó el crecimiento del presupuesto y del gasto financiero, en un contexto de pérdida de confianza de los mercados internacionales.