Informe exclusivo: Frontera con Ecuador: décadas de crimen, abandono y violencia

La primera imagen que aparece de Colombia desde la provincia de Carchi, en Ecuador, accediendo por el sector de Maldonado hacia Tallambí, una vereda en Cumbal (Nariño) es la bandera del ELN ondeando sobre un trasfondo de cultivos de hoja de coca.

Ese es solo uno de las decenas de pasos legales e ilegales que hay en una frontera porosa en la que han tomado asiento grupos armados ilegales como el ELN, la Nueva Marquetalia y los Comandos de la Frontera de las disidencias de las Farc, pero también bandas criminales ecuatorianas, carteles mexicanos y mafias rusas, brasileñas y chilenas, entre otras.

Redes que apenas se han articulado en las últimos tres décadas entorno a economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, la extorsión y el lavado de activos.

Todo como resultado de un factor común, de acuerdo con analistas en ambos lados de la zona limítrofe: el desinterés y el abandono en el que los diferentes gobiernos de Bogotá y Quito han mantenido esa línea divisoria.

Históricamente la frontera norte ecuatoriana ha sido una zona de muy baja prioridad, dice el general (r) Luis Altamirano Junqueira, excomandante del Ejército de Ecuador, explicando que la prelación eran los límites con Perú, por la confrontación que había allí: “El interés por la frontera con Colombia y la presencia estatal llegó de manera tardía”.

“Yo serví en la frontera con Putumayo y era evidente el abandono histórico de las provincias del norte; de manera progresiva se crearon batallones de infantería de marina, se reubicaron grupos especiales y se construyeron algunos destacamentos tras terminar el conflicto con Perú”, explica.

Del lado colombiano, el politólogo Jorge Luis Yarce señala que razones geográficas han limitado el acceso institucional y factores de tipo sociocultural y sociopolítico han hecho que las comunidades de Nariño, sobre todo las que bordean Ecuador, no se sientan representadas con el centralismo ni perciban la presencia del Estado en su territorio.

“Es una frontera que de décadas atrás tenemos sabidas rutas de narcotráfico, armas y tráfico de personas, pero hay una situación en el contexto regional que puede estar cambiando la estructura del negocio y haciendo que otros actores estén participando del mismo”, indica el docente, advirtiendo que, con la intervención de Estados Unidos en Venezuela y el bloqueo en el Caribe, las rutas del narcotráfico se han volcado al Pacífico.

Esa misma intervención de Washington contra el tráfico de drogas, coinciden los analistas, habría azuzado a que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, iniciara una guerra arancelaria contra Colombia, argumentando que su homólogo, Gustavo Petro, ha dejado al vecino país solo en la frontera en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal.

Proceso de diálogo y Paz Total

Con menos protagonismo que la frontera con Venezuela, la línea limítrofe entre Colombia y Ecuador se convirtió desde los años 80 y 90 en sitios de refugio y descanso en los que el ELN y las Farc se aprovisionaban y escapaban de la acción de las tropas colombianas.

Ya a inicios de los años 2000 era notoria la presencia de ambos en suelo ecuatoriano en zonas costeras, en Esmeraldas, en la Sierra Central y en las provincias de Carchi y Sucumbíos.

La estrategia era, fundamentalmente, no confrontar con las Fuerzas del Ecuador, para evitar una presión desde el sur y sacar ventaja de la falta de articulación entre ambos gobiernos.

Vino luego el fraccionamiento de los grupos surgidos tras la caída de los carteles de la droga de Medellín y Cali, y las nuevas bandas criminales hicieron simbiosis con las Farc y el ELN en la zona limítrofe para entrar en disputa por las rutas de la droga.

Cuando fui comandante general del Ejército, ya había nexos muy fuertes entre estos grupos, explicó el general (r) Altamirano Junqueira. Agrega que hubo un reasentamiento de cultivos y empezó a conocerse desde 2014 y 2015 de más presencia de plantaciones de hoja de coca y rutas hacia el sur de Colombia.

“Esa presencia de bandas criminales no era una preocupación en ese momento, pero en las apreciaciones de inteligencia sí se resaltaba el hecho de que la firma del Acuerdo de Paz iba a traer problemas, porque se iban a generar nuevas organizaciones y grupos, pues no todos se iban a acoger, y esto iba a generar una atomización de actores en la frontera; ya existían esas alertas entre 2015 y 2016 de cómo esa realidad en Colombia nos iba a traer problemas a futuro en Ecuador”, agrega.

Tres elementos facilitaron que Ecuador dejara de ser una ruta secundaria en el tráfico de drogas y se convirtiera en una joya codiciada por el narcotráfico: la dolarización, su cercanía con los grandes centros de producción en el Pacífico colombiano y tener la ruta pesquera más grande del pacífico occidental, con la que apareció la modalidad de lanchas rápidas.

La estrategia de no confrontación con las fuerzas ecuatorianas quedó en el pasado y el punto de inflexión lo marca el desaparecido alias Guacho, del frente Óliver Sinisterra de las disidencias de las Farc, quien detonó un ‘carrobomba’ en una base policial en San Lorenzo, Esmeraldas, en enero del 2018, dejando 27 heridos, en supuesta venganza contra uniformados corruptos que habían entrado en la nómina de las Farc.

Vino luego el secuestro y asesinato de tres periodistas del diario El Comercio y el ataque a un grupo de infantería de marina en Mataje.

Ecuador se había convertido en ruta principal del tráfico internacional de drogas y la frontera, que busca resguardar el gobierno Noboa, era ya una olla a presión con múltiples actores y a punto de estallar.

Ecuador también paga el costo

La Fiscalía en Colombia trata de determinar qué hay detrás de la explosión de tres laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en zonas rurales de los municipios de Mosquera, Policarpa y Tumaco, en Nariño, y que pudieron ser atacados mediante drones, según fuentes oficiales.

Una de las hipótesis de los hechos, que dejaron varios muertos y decenas de heridos, apuntan a la disputa entre bandas criminales trasnacionales por el comercio y control para la distribución de droga. Sin embargo, rumores de frontera hablan de operaciones conjuntas entre Ecuador y Estados Unidos contra el narcotráfico.

Para el analista y politólogo Jorge Luis Yarce, los mayores controles que Ecuador está tratando de imponer en la frontera, “coaccionados por el Gobierno de los Estados Unidos a tomar medidas en contra de Colombia y obligando a un mayor control de la producción de coca, que sabemos que la región de Cauca, Valle y Nariño son los puntos más críticos después del Catatumbo, ha llevado a mayor presión en ese territorio”.

“Todos sabemos lo que pasa cuando encontramos este tipo de presiones en los territorios y es que hay mayor confrontación, se da mayor criminalidad y van a haber disputas tanto por los accesos ilegales en el territorio más allá de los pasos aduaneros, los accesos ilegales en la frontera selvática y por las rutas de salida de esa frontera de la selva hacia el pacífico colombiano por los ríos hacia Buenaventura y los adyacentes”.

Por qué en el Pacífico colombiano y no en el Pacífico ecuatoriano, se pregunta Jorge Luis Yarce. “Porque en el Pacífico colombiano la presencia del Estado, aunque la hay, es insuficiente y la presencia de actores armados al margen de la ley es muy numerosa y con un amplio control territorial; entonces se permite la negociación de la ruta, el comercio, el pago de peajes, etcétera”.

Sin embargo, de lado ecuatoriano, en las provincias de Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Napo y Orellana, le hacen frente también a una ola de amenazas, asesinatos, masacres y extorsiones ligadas también a la actividad criminal alrededor de la línea divisoria.

El 9 de mayo de 2025 fueron asesinados por los Comandos de la Frontera once militares ecuatorianos de la Brigada de Selva en una emboscada en Alto Punino, Orellana, durante un operativo contra la minería ilegal.

También las autoridades del vecino país señalan a esa misma disidencia de las Farc de estar detrás de las cinco masacres ocurridas en el 2024 en la provincia de Orellana, en medio de una disputa con la banda criminal ecuatoriana Los Choneros, cercana al cartel de Sinaloa.

“La seguridad se ha visto afectada por la presencia de grupos delincuenciales o guerrilleros colombianos que se encuentran asentados a lo largo de la frontera con Ecuador”, indicó a El País un funcionario de la provincia de Carchi, cuyo nombre se abstuvo de revelar porque la directriz en Ecuador es que en temas de frontera solo pueden pronunciarse la Cancillería y la Presidencia de la República.

“Tenemos operaciones permanentes de Ejército y Policía en dos sectores especialmente: en Goaltal, un sitio donde hace poco hizo presencia un grupo de guerrilleros de Comandos del Pacífico y una semana atrás estuvieron en La Libertad, donde no se ha logrado establecer si son guerrilleros o delincuencia común”, indicó la fuente.

Agregó que “los sectores de Goaltal, como La Libertad, en el cantón Espejo, un territorio extenso y montañoso, son quizá los puntos más conflictivos porque después tenemos ya, en la parte occidental, en Maldonado y El Chical, en Carchi, actividades de minería ilegal”.

Alertas tempranas conjuntas de la Defensoría del Pueblo de Ecuador y Colombia han alertado además sobre el reclutamiento de niños y niñas de comunidades negras e indígenas por los grupos armados.

Quito cerró el 24 de diciembre pasado tres pasos fronterizos: Tufiño, Urbina y El Carmelo, por donde se da la minería ilegal, contrabando y el paso de personas, armas y combustibles, entre otros.