La seguridad jurídica de Colombia se encuentra a la expectativa de una decisión trascendental en el Palacio de Justicia. A finales de este mes de marzo, la Corte Constitucional convocará a una sesión definitiva para debatir la ponencia del magistrado Carlos Camargo Assis respecto al Decreto Legislativo 1390 de 2025.
Esta norma, que declaró la emergencia económica y social en todo el territorio nacional, ha estado bajo suspensión provisional desde el pasado 29 de enero, una medida inédita que tomó el alto tribunal mientras analiza si el Gobierno cumplió con los requisitos de ley para saltarse los trámites ordinarios del Congreso.
La discusión se centrará en si las crisis invocadas por el Ejecutivo son realmente sobrevinientes e imprevistas, o si se trata de problemas estructurales que debieron resolverse por vías legislativas comunes.
La ponencia del magistrado Camargo llega en un momento de alta tensión política, donde sectores de la oposición y entes de control han cuestionado el uso de estados de excepción para gestionar el presupuesto nacional y los recursos del sector defensa.
La Procuraduría General de la Nación, bajo la firma de Gregorio Eljach Pacheco, ha enviado un concepto técnico a la Corte que podría marcar el rumbo del fallo. El Ministerio Público solicita declarar la inexequibilidad (anulación) de cinco puntos fundamentales del decreto.
Según el procurador, temas como la necesidad de recursos para el sector defensa, la gestión de la Unidad Nacional de Protección (UNP), la atención de desastres naturales y el pago de deudas atrasadas o sentencias judiciales no califican como emergencias imprevistas, sino como obligaciones ordinarias del Estado.
Sin embargo, no todo es rechazo en el concepto del órgano de control. La Procuraduría pidió a la Corte declarar la exequibilidad (aval) de las medidas relacionadas con el sistema de salud.
Eljach argumentó que, aunque los problemas del sector vienen de décadas atrás, factores como el envejecimiento de la población y el alto costo de nuevas tecnologías han generado una crisis de sostenibilidad financiera que pone en riesgo el derecho fundamental a la vida, justificando así el uso de herramientas de emergencia para garantizar la atención de los usuarios.
Para la Procuraduría, optimizar el servicio de salud bajo el amparo del decreto permitiría reducir las quejas y las acciones de tutela que hoy congestionan el sistema.
El concepto enfatiza que el acelerado deterioro de la sostenibilidad financiera amerita medidas urgentes para proteger a los pacientes y sus familias. Esta posición es vista como un posible “salvavidas” para el Gobierno, que busca fortalecer la Unidad de Pago por Capacitación (UPC) y asegurar los giros a las entidades prestadoras de salud en medio de la crisis del sector.