Luz Adriana Camargo, fiscal general, le respondió al presidente Gustavo Petro tras las polémicas declaraciones en el caso de Kevin Acosta

La Fiscalía General de la Nación, Luz Adriana Camargo, se pronunció en medio de la creciente polémica por el caso del niño Kevin Acosta, luego de los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre el manejo del informe de necropsia.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, respondió que lamenta que el caso “se torne en un espectáculo público”, al recordar que detrás de la discusión hay una familia que perdió a su hijo.

Además, aclaró que solo hasta el día anterior tuvo conocimiento de la tutela interpuesta en este proceso.

Camargo fue enfática en señalar que nunca ha dado una orden para impedir la entrega del informe de necropsia al Gobierno, explicando que este tipo de documentos está protegido por reserva legal y solo puede ser entregado a las autoridades competentes dentro de una investigación.

El pronunciamiento se da en un contexto de tensión institucional, luego de que el jefe de Estado cuestionara públicamente el rol de las entidades forenses en el caso.

El caso de Kevin Acosta, un niño de siete años con hemofilia, sigue generando reacciones a nivel nacional, mientras avanzan las investigaciones y se cruzan versiones entre el Gobierno y los organismos judiciales.

Ahora bien, hay que recordar que lo que sucedió con Kevin Acosta revive el debate sobre las causas de la muerte del menor y las responsabilidades en medio de denuncias por negligencia en la atención médica.

Y es que, el niño perdió la vida porque la Nueva EPS no le suministró medicamentos contra la hemofilia severa tipo A que padecía, lo que posteriormente hizo que, al sufrir un trauma craneoencefálico al caer de una bicicleta, tuviera un desenlace fatal debido a la falta de tratamiento previo.

Pero, según la investigación, la omisión médica derivó de la falta de pagos a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), ante la crisis del sistema de salud en Colombia, que dejó a la víctima sin atención asignada durante dos meses y que hoy mantiene en riesgo vital a otros 2000 pacientes en el país.

No obstante, y tras la muerte del menor, los familiares del niño interpusieron una demanda por más de 1.800 millones de pesos, argumentando irregularidades en el proceso de atención del pequeño en la Nueva EPS.

Así las cosas, la disputa legal continúa, aunque el Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Salud, advirtió recientemente que todas las entidades prestadoras de salud deberán garantizar tratamiento y medicamentos a los menores de edad en todo el país.