Con ocasión del recrudecimiento de las acciones violentas por parte de grupos armados ilegales como el ELN y las disidencias de las Farc que delinquen en esta zona del país, una comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo, la ONU y la Iglesia Católica, llamada Comisión Humanitaria del Catatumbo, se desplazó a los municipios de Versalles y Pachelly -zona rural del municipio de Tibú-,con el objetivo de verificar la situación de las comunidades en materia de derechos humanos y recoger información acerca de las necesidades que tienen y hacer entrega de ayuda humanitaria.
La jornada también contó con la participación de la gobernación de Norte de Santander, la alcaldía de Tibú, la unidad para las Víctimas y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).
Dichas autoridades se desplazaron allá luego de que, a mediados de diciembre, se reportaran más de 1.000 personas desplazadas, una cifra que se sumó a la de más de 85.000 que se registraron desde el 16 de enero del año pasado, en la primera ola de violencia que se registrara en la región (y que, en parte, significó el levantamiento de la mesa de diálogo que el gobierno nacional sostenía con el ELN, en el marco de la ‘Paz Total’ del presidente Gustavo Petro).
De acuerdo con la información recopilada en el terreno, los episodios de violencia están asociados a enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del Frente 33. Iris Marín, defensora del pueblo, hizo presencia en el corregimiento de Filogringo, en jurisdicción de El Tarra, en donde se documentaron afectaciones a la población civil y daños a bienes de uso de la comunidad.
La Comisión logró constatar que una parte significativa de dicho corregimiento se encuentra deshabitada. Según la verificación realizada, esta circunstancia se debe a la situación reciente de desplazamiento de familias de la zona hacia otros sectores del municipio, así como a la cabecera urbana de El Tarra, en donde se encuentran albergues habilitados para la atención de desplazados.
“Hacemos un llamado al Estado para que adopte las medidas de protección y atención a las comunidades para la garantía de sus derechos y a los grupos armados a respetar el Derecho Internacional Humanitario”, señaló la entidad.
Cabe añadir que las autoridades instalaron recientemente un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Tibú, con ocasión de esta emergencia, con el fin de dar respuesta y acompañamiento a los pobladores de esta región.
“Estamos empleando todas nuestras capacidades para proteger a nuestros campesinos del Catatumbo, e invitamos a toda la población a suministrar información para salva vidas. Ayúdennos a denunciar de manera oportuna y segura cualquier hecho que ponga en riesgo a las comunidades. La seguridad es posible cuando nos unimos todos y le cerramos las puertas a la ilegalidad”, concluyó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.