Un nuevo cruce de declaraciones entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá se desató tras el anuncio del incremento en la tarifa del transporte público en la capital del país.
El debate se centra en el impacto real del aumento del salario mínimo sobre los costos del sistema, especialmente en TransMilenio, y en la responsabilidad política por la decisión que afecta directamente a millones de usuarios.
La controversia tomó fuerza luego de un pronunciamiento del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien aseguró que existen “falacias” en los argumentos expuestos por el alcalde Carlos Fernando Galán y por TransMilenio para justificar el alza tarifaria.
A través de su cuenta en X, Sanguino advirtió que estas afirmaciones serán desmontadas mediante un análisis técnico riguroso sobre lo que calificó como un incremento “abusivo” en el precio del pasaje en Bogotá.
El ministro reaccionó a una intervención previa de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, quien contradijo una de las cifras centrales presentadas por el Alcalde.
Según Rojas, de los 35.000 trabajadores del sistema de transporte público en Bogotá, solo 12.000 devengan el salario mínimo, lo que equivale al 34,5 %, y no al 87 % que, según Galán, tendría su remuneración directamente ligada al salario mínimo. Para la ministra, esta diferencia es clave y obliga a revisar con mayor profundidad la estructura real de costos del sistema.
Rojas señaló que, precisamente por esta razón, es necesario analizar de forma desagregada los factores que inciden en la tarifa y no centrar el debate únicamente en el incremento salarial decretado por el Gobierno Nacional. En ese sentido, confirmó que equipos técnicos del Ministerio de Transporte ya sostuvieron reuniones y solicitaron información detallada para evaluar el impacto real de cada componente del costo operativo.
El origen del cruce se encuentra en un pronunciamiento del alcalde Galán, quien sostuvo que gobernar implica asumir las consecuencias de las decisiones y que el aumento del salario mínimo en un 23 % genera efectos inevitables en sectores intensivos en mano de obra, como el transporte público.
Según explicó, cerca del 87 % de los salarios del sistema estarían vinculados directa o indirectamente al salario mínimo, lo que haría ineludible el ajuste tarifario.
Galán afirmó que, además del salario, los estudios técnicos previos ya contemplaban incrementos asociados al IPC, al costo del gas y al precio del diésel, factores que, en conjunto, proyectaban un aumento cercano al 7,8 %.